Bases de un pacto
Tal vez era inevitable. La crisis que ha corroído las élites del Estado, además de resquebrajar el bipartidismo ha desembocado en la imposibilidad de formar gobierno. Ha sido la aritmética, el afán de poder consustancial al liderazgo, pero el desafío, en realidad, era y es más profundo. Frente a él la memoria del consenso del 78, mitificado como un episodio de Cuéntame, actúa más bien como una coartada para pasarse el marrón los unos a los otros y no asumir que se han incumplido contratos esenciales que eran inherentes a ese pragmático consenso fundacional. Roto está el pacto social, desde la aplicación de las políticas de austeridad. Roto está el pacto territorial, desde que se forzó al Tribunal Constitucional a dictar sentencia sobre el Estatut. Hasta aquí hemos llegado. Y de aquí, más pronto que tarde, deberíamos partir, asumiendo el lugar complejo, a veces inmanejable, en el que vivimos.
La posibilidad de reanimar el Estado de bienestar depende de políticas estatales, pero, para bien y para mal, intuyo que dichas políticas son complementarias o subsidiarias de decisiones tomadas por instancias supranacionales –la inmediata, la Unión Europea– que además, y en este caso definitivamente para mal, están descolocadas. Ante la mutación que el capitalismo ha vivido cuando la globalización ha sido la realidad pura y dura, Europa ha envejecido de golpe y los estados han perdido capacidad de control de la actividad depredadora de los mercados. El pacto territorial, por el contrario, sigue siendo una cuestión interna. La propuesta de un nuevo pacto sobre la base de la plurinacionalidad, sin el que a medio plazo no habrá mayorías estables en la política española, depende de la voluntad de las partes implicadas. Pero para que pueda reformularse, de entrada, debería aceptarse cómo ese pacto se rompió.
Desde 1978 el contrato territorial tenía una cláusula secreta: su naturaleza ambigua. Fue en virtud de esa ambigüedad (la característica definitoria de la cocina de la transición) que se desarrolló la España de las autonomías. Pero su desarrollo, pronto, fue anómalo. Ni su meta estaba definida ni estaba bien establecida su mecánica. Cuando se aceleraba no era por la lealtad al modelo, ni por el trabajo en las comisiones de traspasos, sino por necesidades coyunturales surgidas a la hora de formar gobierno. Fueron los acuerdos de gobernabilidad para una legislatura, en realidad, los que desencallaron, más por táctica que por convicción, traspasos o acuerdos para reformar el sistema de financiación. Pero
La propuesta de un nuevo pacto sobre la base de la plurinacionalidad depende de la voluntad de las partes
esta mecánica, cumplido lo acordado en el pacto del Majestic, concluyó por obsolescencia. El autonomismo, de alguna manera, murió de éxito en 1996.
Para el Partido Popular el modelo se cerró, pero para otros la ambigüedad –la articulación de la plurinacionalidad pendiente– seguía allí. En el campo del catalanismo, Pasqual Maragall soñó sobre el papel una vía alternativa. La reforma del Estatut era una táctica para derrotar, de una vez por todas, al pujolismo. Pero era táctica y también estrategia. Porque el candidato Maragall creyó en el ovni del federalismo asimétrico como fórmula para desactivar la ambigüedad del pacto del 78. Con la complicidad teórica de los socialistas del resto de España, ofrecería un nuevo contrato al Estado con el fin de cerrar la cuestión territorial institucionalizando la meta del catalanismo republicano –la bilateralidad– como marco de relación. ¿Fue esa estrategia compartida por los actores implicados en la reforma? La crónica del periodo lo desvelará. Lo cierto es que se cumplieron los protocolos establecidos (Parlament, Cortes, Senado, referéndum) para que se clarificase el pacto ambiguo. Pero se olvidó que, más allá del buenismo de Zapatero, al Estado no le importaba ni poco ni mucho aclarar la ambigüedad.
Tal vez, pues, fue inevitable. Se había puesto en juego, a cara descubierta, el modelo de Estado, es decir, la organización efectiva del poder. A finales de julio del 2006 el Partido Popular, herido en la oposición y alentado por las hordas reaccionarias, activó como mínimo dos frentes de batalla para perpetuar la versión cainita de la España unida. El frente sociológico, con la recogida de firmas contra un proceso escrupulosamente legal, y el judicial, interponiendo su recurso de anticonstitucionalidad. Al cabo de cuatro años de agonía –tiempo suficiente para que germinase la semilla del proceso de soberanización del catalanismo–, al TC le tocó despejar la ambigüedad. El Estatut había conseguido su propósito, pero en sentido inverso. Al dar cobertura legal, más allá de la estrictamente política, a la pulsión recentralizadora del nacionalismo español, el tronco de la sociedad catalana asumió que el Estado había incumplido el viejo contrato. Y decidió romperlo. Y en Catalunya la bisagra socialista saltó por los aires. Sólo podrá proponerse un pacto territorial, indispensable para afianzar estabilidad en España, si se asume que deberá redactarse superando las dinámicas antitéticas de los últimos años.