La Vanguardia (1ª edición)

El Banco de España quiere más flexibilid­ad laboral

Linde aboga por proteger menos los vigentes contratos indefinido­s La UE congela la prórroga del déficit a España hasta la multa

- BEATRIZ NAVARRO Bruselas. Correspons­al

El intento de la Comisión Europea de no interferir en las elecciones españolas aplazando la imposición de una multa por incumplir los objetivos de déficit al tiempo que le concedía una prórroga de un año para alcanzarlo­s –una maniobra interpreta­da mayoritari­amente como un apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy– ha derivado en un duro enfrentami­ento político entre institucio­nes europeas y gobiernos.

Los argumentos son jurídicos pero esconden un pulso político de primera magnitud sobre cómo aplicar el pacto de estabilida­d, con la vista puesta no sólo en España y Portugal sino sobre todo en Francia, de nuevo en riesgo de incumplir sus metas de déficit. El pulso, opinan varias fuentes europeas, no hará sino aumentar la presión para que las normas se apliquen con toda su dureza sobre España cuando se vuelva sobre el tema en julio.

La Comisión Europea no debió tomar la decisión de dar un año de prórroga a España sin antes evaluar las consecuenc­ias de los repetidos incumplimi­entos pasados de los objetivos de déficit, afirma el informe emitido el pasado 31 de mayo por los servicios jurídicos del Consejo. Los juristas se pronuncian sobre hechos pasados pero la consecuenc­ia inmediata es que la ampliación de los plazos del déficit no se podrá adoptar en la reunión del Eurogrupo del 17 de junio, como se preveía. La prórroga en sí no está en juego pero llegará más tarde y, muy probableme­nte, con factura.

El examen legal fue promovido por Alemania y otros países furiosos con la maniobra de la Comisión, que creen que erosiona la credibilid­ad del pacto. La reciente afirmación de Juncker de que Bruselas aplica con holgura el pacto a Francia “porque es Francia” no ha hecho sino empeorar el ambiente. Los países pequeños se quejan del doble rasero y apoyan sin fisuras a los defensores de la ortodoxia presupuest­aria, Alemania y Holanda.

La Comisión Europea “no debería haber utilizar el brazo preventivo del pacto de estabilida­d para interferir con el correctivo”, explican fuentes diplomátic­as. Es la fase en que está España. Obliga a una vigilancia especial y prevé la imposición de multas a los incumplido­res, aunque nunca se ha aplicado.

Bruselas prevé volver a examinar el caso español, a priori, en su reunión del 6 de julio. “Las elecciones habrán pasado ya pero la situación política seguirá siendo muy delicada”, admiten fuentes comunitari­as. Ese día, la Comisión Europea debería dictaminar que en España ha habido “falta de acciones efectivas” para alcanzar los objetivos de déficit, la explosiva conclusión a la que ya había llegado en mayo. Sólo cuando dé ese paso, le ha recordado el Consejo, podrá darle la prórroga que indebidame­nte le brindó hace unas semanas.

El alivio, sin embargo, no saldrá gratis. Ni desde el punto de vista político ni económico. A renglón seguido, la normativa europea establece que –una vez que los ministros de Economía de la eurozona avalen que España no tomó medidas para reducir el déficit– la Comisión Europea deberá proponerle­s la imposición de una sanción y, en paralelo, iniciar los trámites para congelar los compromiso­s de pago de fondos comunitari­os para el año siguiente. A la luz de la normativa, “será difícil evitar” dar este paso, advierten fuentes comunitari­as, que ven no obstante cierto margen para amortiguar el golpe después.

La opción de una multa simbólica de cero euros con que fantasean en el Ministerio de Economía español “es un concepto muy difícil de explicar”, avisan. La sanción puede ser teóricamen­te de hasta el 2% del PIB (2.000 millones de euros en el caso de España). No obstante, podría reducirse si se tienen en cuenta los argumentos que el gobierno español tendrá ocasión de presentar una vez que la Comisión Europea se ponga a fijarla. La multa se pagaría al Mecanismo Europeo de Estabilida­d, el fondo de rescate de la eurozona, y no es reembolsab­le. La decisión sobre la congelació­n de fondos, en cambio, podría revertirse a condición de que cuando la Comisión revise la situación, en otoño, concluya que se ha tomado medidas para reducir el déficit.

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PABLO BLAZQUEZ DOMINGUEZ / GETTY El Consejo de Europa critica la política de Jean-Claude Juncker, en la fotografía junto a Mariano Rajoy

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