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La liberación del último hombre que quedaba en la cárcel por la protesta de Tiananmen, y la gestión del parque de motocicletas barcelonés.
LAS autoridades chinas han anunciado que el próximo mes de octubre saldrá en libertad el último preso por la revuelta de Tiananmen, una rebelión de jóvenes obreros y estudiantes que estalló en abril de 1989 para reclamar libertades y democracia al régimen comunista, que fue reprimida a tiros por el ejército la noche del 4 de junio de aquel año y que 27 años después sigue siendo un tema tabú en el país. Ni siquiera ha sido contabilizada la cifra de víctimas mortales de la masacre, que diversas fuentes sitúan entre las 400 y las 2.000.
Mucho ha cambiado China en estos 27 años en que Miao Deshun, el último de Tiananmen, ahora con 52 años, ha estado en prisión. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de cadena perpetua; además de su larga privación de libertad, su estancia en la cárcel se ha saldado con diversas enfermedades físicas y neurológicas que le auguran un futuro plagado de obstáculos. A su salida, aquel obrero se encontrará con un país que cabalga sobre un desarrollo desenfrenado. En este tiempo, el régimen chino ha multiplicado su PIB y ha creado más de un millón de millonarios, en su mayoría ligados con el establishment, y las ciudades han crecido en población, superficie y altura. Hasta el punto de que China compite ya con Estados Unidos para convertirse en la primera potencia económica del mundo, mientras sus empresas se extienden por Asia, África, Latinoamérica, Europa e incluso Estados Unidos.
Sin embargo, y a pesar del espectacular crecimiento del capitalismo de Estado experimentado por el país en estos más de cinco últimos lustros, el régimen sigue teniendo la estructura de un país dirigido por el omnipotente Partido Comunista de China (PCCh), con todas sus secuelas de falta de libertades, corrupción, gerontocracia y dirigismo. Precisamente, los mismos males contra los que se levantaron aquellos miles de jóvenes de Tiananmen, entre ellos el propio Miao Deshun, que cuando salga a la calle se encontrará con un Pekín que ha sufrido un cambio físico espectacular respecto del que conoció cuando intentó rebelarse contra el régimen comunista, pero sin que haya variado apenas por lo que respecta a la falta de derechos fundamentales y de democracia.
Cierto es que con la llegada de los nuevos líderes, especialmente de Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual secretario general del PCCh, Xi Jinping, se han acometido una serie de reformas económicas y políticas, como la admisión de empresarios en las estructuras del partido y la aplicación de la triple representatividad, una teoría política de ambiguos contenidos que trata de modernizar la vía del régimen hacia la consolidación de un socialismo de Estado cuyos resultados apenas se han notado más allá del evidente desarrollo económico. Aunque el régimen de Pekín ha aceptado incluir el concepto de derechos humanos en la Constitución, de hecho, su sujeción a las decisiones del PCCh los convierten en papel mojado al depender el poder judicial del político. De ahí que el número de encarcelados mediante procesos judiciales sin garantías sea extraordinario. Otro principio irrenunciable del PCCh es el control absoluto de los medios de comunicación, con una agencia de noticias y un canal de televisión central que tienen el monopolio de la información.
Esta es la realidad a que se enfrentará el último preso de Tiananmen cuando salga a la calle. Un país económicamente desarrollado pero políticamente sujeto a los 25 miembros del buró político del comité central.