El adversario real
Esta semana política comenzó en Barcelona con una manifestación que sólo tiene un precedente: la que había convocado José Montilla contra un Tribunal Constitucional (TC) que había anulado –“cepillado”— el Estatut después de que el pueblo catalán lo aprobara en referéndum. Para muchos observadores del último acelerón independentista, todo empezó con aquella sentencia. Este domingo 29 de mayo los motivos para convocar la manifestación eran distintos: se protestaba contra la suspensión de leyes ordinarias aprobadas por el Parlament; pero el destinatario de las quejas era el mismo Tribunal Constitucional y con una circunstancia relevante: unas sesenta asociaciones cívicas y partidos se unieron para proclamar que “Los derechos no se suspenden”.
Este cronista siguió la importante concentración a través de los medios informativos y llegó a dos conclusiones. Una, que los movimientos sociales catalanes disfrutan de mucha más vitalidad que las instituciones del Estado. Y dos, que un Tribunal tan relevante para el Estado de Derecho como el que interpreta la Constitución no tiene quien lo defienda. Ni una sola voz, ni del Gobierno central, ni del autonómico, ni del sistema parlamentario se escuchó para aclarar que no es el TC quien suspende derechos, si es que alguno se ha suspendido. Y por esa falta de defensa o de simple divulgación legal, el Tribunal sufre la peor de las erosiones: es presentado como un enemigo de Catalunya, el instrumento opresor de sus derechos, de sus libertades, de su capacidad normativa y quien frena o anula el desarrollo de su autogobierno.
Yo quiero decir que, al menos en esta ocasión, el Tribunal Constitucional no es el malo. Ciertamente no será nunca el impulsor de la desconexión ni el motor del proceso, pero es injusto echarle las culpas de todo lo que no avanza. El TC no tiene capacidad de iniciativa, puesto que siempre actúa a demanda de parte. En los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas no impugna nada, sino que se limita (artículo 161.2 de la Constitución) a admitir las impugnaciones que se le presentan. Y añade la ley: “La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida”. Si se diera el improbable caso de que el presidente del TC fuese un militante de la CUP, el Tribunal estaría obligado a hacer lo mismo. Por eso, si hay que culpar a alguien de circular con el freno de mano, búsquese en el gobierno central.
Lo demuestran los resultados. En la última legislatura hubo más sentencias total o parcialmente favorables a Catalunya que al Estado. De las 103 sentencias producidas, más de la mitad, 57, respaldaron las posiciones de Catalunya. Y esto es más claro todavía si se distinguen los recursos promovidos por instituciones catalanas: han sido 82, con 53 fallos (el 64 por 100) total o parcialmente favorables a la comunidad autónoma. El Constitucional no es el enemigo del autogobierno de Catalunya. Solamente pretendo que conste en acta. Catalunya tiene todo el derecho a protestar. Pero, por la coherencia institucional y la claridad de competencias, conviene saber contra quién.