Licencia para piratear
El mundo del libro desearía que el gobierno que resulte de este nuevo proceso de negociación acertara a convertir la ley contra la piratería en un instrumento eficaz. Hay pesimismo. Los editores debatirán el robo de contenidos en Barcelona
El escritor y juez alemán Bernhard
Schlink, que visitó hace unas semanas Barcelona, se sorprendió cuando en la presentación de su último libro en la biblioteca Jaume Fuster se comentó que España figura en el top 10 de los países del mundo donde más contenidos culturales con copyright se roban en la red.
–Escucho risas entre el público, así que veo que algunos de aquí también piratean...
Y explicó que un día, en Alemania, asistió al momento en que un grupo de jóvenes reprendían a otro que había confesado que se había bajado un libro sin pasar por taquilla. Igual que aquí. En inglés se utiliza la expresión it’s just a click away para referirse a todo aquello a lo que se puede acceder legalmente en la red pulsando una única vez el ratón. Es la que utilizan también los delincuentes que distribuyen ilegalmente en internet contenidos con propietario intelectual acreditado.
Como la piratería nos evoca un estilo de vida prestigiado por la buena literatura y el buen cine (los niños no temen a Long John Silver), a partir de ahora procuraremos evitar la palabra pirata para hablar más bien de ladrón de contenidos, que es de lo que se trata.
El caso es que este just a click away vaa ser uno de los temas que se debatirán en julio en Barcelona en el encuentro de editores que organizan el Gremi d’Editors de Catalunya, que preside Patrici Tixis, y la Universitat Pompeu Fabra. No hay que ser muy perspicaz para avanzar que el balance que se hará de la última reforma de la ley de Propiedad Intelectual será negativo: la normativa no ha conseguido contener la hemorragia de contenidos sustraídos. Ni ha habido las suficientes actuaciones judiciales y policiales ejemplarizantes ni ha funcionado como se esperaba, a la manera de un mecanismo de justicia rápida, la comisión que lidera el Ministerio de Cultura y en la que algunos habían depositado sus esperanzas. Por supuesto, tampoco se ha emprendido una campaña ambiciosa de sensibilización en las escuelas para explicar a los alumnos y las alumnas que los libros, las canciones o las películas no pueden descargase en webs de maleantes, sino que han de comprarse en lugares tan autorizados como los que les venden la ropa que llevan.
En el mundo editorial no se hacen ilusiones con el resultado electoral del pasado domingo. El PP, partido que ganó las elecciones, ha demostrado en estos años cuánto le incomoda la cultura. Ahí están el IVA desorbitado, el fiasco de la ley de Mecenazgo o el propio fracaso en la lucha contra la delincuencia on line. Mientras que el segundo partido, el PSOE, tiene un mensaje más diáfano en favor de la defensa del copyright, en Unidos Podemos, la tercera formación del país, conviven posturas partidarias de aplicar la ley con otras que defienden que el modelo de negocio basado en los derechos de autor está obsoleto y que hay que garantizar el derecho ciudadano a acceder a cualquier web.
Sin esperar nada de los partidos y empeñados en hallar un remedio, los editores se plantean avanzar en la estrategia denominada sigue al dinero, para lo que necesitan que se cree un registro oficial de las webs que ofrecen contenido robado. Sólo así podrá advertirse a los anunciantes –a menudo empresas respetables– de que con su presencia en estos sitios están financiando actividades ilegales.
“Es como si en unos grandes almacenes pones un mostrador de ropa adquirida a un mantero –ilustra un representante del sector– rodeado de otros mostradores con marcas certificadas y reconocibles. Lo que estás haciendo es blanquear la mercancía ilegal sirviéndola de un entorno de productos legales”.
Pero no todo son malas noticias. El estancamiento y caída de la lectura online en beneficio del libro de papel contiene el auge de los filibusteros.