Un juez ordena detener a la histórica líder de Madres de la Plaza de Mayo
La presidenta de Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se encontraba al cierre de esta edición protegida por decenas de personas que intentaban evitar en Buenos Aires que la policía cumpliera la orden de detención que un juez dictó en la tarde de ayer contra ella, tras declararla en rebeldía y prohibir su salida del país. La emblemática activista no había acudido por la mañana a los tribunales para declarar en la causa por corrupción que salpica a la histórica asociación de derechos humanos.
La tensión se instaló en el centro de la capital argentina. Primero, un subcomisario de la policía judicial acudió a la sede de la Fundación Madres de la Plaza de Mayo para detener a De Bonafini. El oficial se enzarzó en una discusión con uno de los abogados de Madres, mientras muchos de sus partidarios se situaban frente a la fachada para impedir la entrada de los agentes. En ese intervalo, De Bonafini se escabulló y subió a una furgoneta para dirigirse a la plaza de Mayo acompañada de otras Madres, donde, como cada jueves, tocaba la tradicional ronda de pañuelos blancos. Allí, la presidenta de la entidad volvió a ser rodeada de partidarios, entre los había ex altos cargos kirchneristas, como la antigua mano derecha de la expresidenta Cristina Fernández y candidato a vicepresidente en las últimas elecciones, Carlos Zannini.
“Alguien tiene que mostrar un poco descarnadamente cómo están los militares avanzando, cómo les dan prisión domiciliaria, cómo van a parar los juicios, cómo van a andar por la calle; nos quieren asustar, nos amenazan; una vergüenza, dos camiones en la puerta de la casa de las Madres para allanarla”, denunció la histórica líder.
Luego De Bonafini subió nuevamente a la furgoneta para regresar lentamente a la sede de Madres –situada a unos mil metros–, rodeada de simpatizantes, mientras vehículos policiales y un helicóptero seguían a distancia la comitiva, cada vez más numerosa.
Era la segunda vez que De Bonafini, de 87 años e identificada con el kirchnerismo, rehusaba acudir al juzgado a declarar. “Si me tienen que meter presa, que me metan, mi vida ya no vale nada, tengo 90 años (sic)”, había dicho por la mañana a una emisora de radio después de trascender que había enviado una dura carta al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga el desvío de millonarios fondos públicos que el gobierno kirchnerista entregó a Madres de la Plaza de Mayo para construir viviendas de protección oficial.
“Otra vez sufrimos en carne propia la burla, que nos castiga a todas, ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas y ajenas”, escribió la activista en la misiva, equiparando su citación judicial con la actuación de la justicia durante la dictadura.