Galicia, la nacionalidad difusa
El declive de la lengua gallega refleja el desgaste del vigente modelo institucional, pese a contar con una amplia adhesión electoral y social
Diego Gago, presidente de Nuevas Generaciones de Galicia, le dio a Mariano Rajoy un susto el 6 de mayo en Ourense. Para ensalzar su galleguidad lo presentó como un “compatriota gallego”. El rostro de Rajoy revelaba su incredulidad pues quizá esperaba escuchar el más inocuo término de “paisano”, en consonancia con las tesis clásicas de Fraga de que ser gallego es una forma de ser español, la postura que la gran mayoría del electorado avala desde la transición y que incluso se refuerza según los últimos estudios de opinión disponibles.
Pero al mismo tiempo el sentimiento de Galicia como patria existe y no sólo se expresa a través del discurso de la minoría nacionalista, sino que por momentos llega a impregnar al conjunto del sistema político, creando situaciones chocantes, como la del escándalo que genera en algunos medios de Madrid escuchar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, referirse a Galicia como un país. Lo mismo sucede con el nombre de los órganos PSOE gallego, que son la ejecutiva nacional y el comité nacional.
La exitosa asunción simbólica por la derecha gallega surgida del franquismo de parte del ideario del galleguismo político, el movimiento que ya en 1918 se proclamó nacionalista en la asamblea de Lugo, situó desde el principio de la autonomía a los ideólogos de esta corriente como las deidades laicas del sistema institucional, entre las que aparece como guía la figura de Daniel Rodríguez Castelao, el diputado republicano fallecido en el exilio argentino.
La insatisfecha demanda de transferencia de la autopista del Atlántico constituye el mayor conflicto abierto entre Galicia y el Gobierno central
“Si todavía somos gallegos es por obra y gracia”, reza la máxima de Castelao que, tomada en su literalidad, señala el carácter menguante de Galicia como nacionalidad histórica, según está definida por el pétreo Estatuto Autonomía gallego. Es el único junto con el vasco que nunca ha sido reformado, con el añadido de que de Galicia nunca ha salido siquiera una propuesta de reforma, pues el intento de cambiarlo naufragó en el 2007 por el desacuerdo del PP con una definición indirecta de Galicia como nación y con la introducción de la obligatoriedad del conocimiento del gallego.
Los últimos datos de la Xunta, del año 2013, muestran un descenso sostenido y en aceleración de los hablantes habituales en gallego, que pasaron del 61,5% del 2003 y del 57,02% de 2008 a un 51,5% del 2013. Y en ese año el 47% de los niños de entre 4 y 14 años sólo usaba el castellano. El último bajón coincide con la presidencia de Feijóo, que redujo la presencia de la lengua propia en el sistema educativo, lo que alimenta el debate sobre el incumplimiento del mandato estatutario de protegerla y sobre la conveniencia de aumentar su uso, una necesidad admitida por Fraga al final de su etapa de gobierno.
Con el caso de Santiago de Compostela como excepción, este retroceso se agrava en la Galicia más pujante, la atlántica, un difuso y confuso sistema urbano extendido sobre el eje de Vigo y A Coruña, con Ferrol como languideciente confín norteño. Esa franja, en la que se concentra la mayor parte de la población de una Galicia que sufre en conjunto una alarmante crisis demográfica, está conectada por la Autopista del Atlántico, la AP-9, la infraestructura cuya gestión se ha convertido en los últimos tiempos en el principal agravio territorial, debido a sus caros peajes y a una gestión abusiva por parte de la empresa concesionaria, que se plasmó en una apreciable reducción del personal que atiende las cabinas. El Parlamento gallego reclama de forma unánime la transferencia de la titularidad de la AP-9 mientras Feijóo insiste en que, como acaba unos kilómetros antes de la frontera lusa, no hay motivos para que no la gestione la Xunta, pero su partido se opone desde el Gobierno central.
La recurrente desatención desde Madrid a los sectores básicos y en declive de la economía de Galicia, como el lácteo, el pesquero y el naval, conforma la tradicional agenda gallega que con frecuencia choca con la insensibilidad de la Administración central, con independencia de qué partido la gestione, aunque la incomprensión se eleva con interlocutores alejados de la realidad autóctona y con otras prioridades territoriales, como ocurrió con la reconversión naval socialista. Estos contenciosos nutrieron en los años 90 el ascenso del nacionalismo del BNG, bajo el liderazgo del después escindido Xosé Manuel Beiras, en combinación con el orden de la comunista
Mientras falta una lectura diferenciada de la cuestión catalana, en Galicia existe un confuso debate sobre la solidaridad interterritorial
UPG y coincidiendo con la primera decadencia socialista. Ahora el hundido Bloque de la UPG ya no tiene escaños en el Congreso, lo que vuelve a convertir a Galicia en la única nacionalidad histórica sin candidaturas nacionalistas que consiguieran representación propia. Sin embargo, aunque con un papel subordinado, sí hay dos diputados nacionalistas, de Anova, el nuevo partido de Beiras, incorporado a En Marea, la confluencia de Podemos, que tras su gran éxito del 20-D, retrocedió el 26 de junio. Esa alianza entre nacionalismo y federalismo español situó a un “beirista” en la alcaldía de Santiago, Martiño Noriega, y a otro exmilitante del BNG, Xulio Ferreiro, en la de A Coruña, e intenta hacer lo propio con el juez Luís Villares, también antiguo afiliado del Bloque, que se ha convertido en el vivero de cargos para En Marea y cuyo funcionamiento disciplinado tanto echa de menos ahora la opinión publicada gallega, sin que ello se traduzca en votos.
En su fase de decadencia el BNG ha enarbolado la bandera del concierto económico a la vasca para Galicia, a partir de un controvertido cálculo, que excluye gastos de la administración central como los de las pensiones, para concluir que el contribuyente gallego recibe menos de lo que aporta. Frente a esta posición fue el actual candidato del PSOE a la presidencia de la Xunta, el economista Xoaquín Fernández Leiceaga, quien sostuvo el discurso en defensa de la solidaridad territorial y alertó del riesgo que supondría una secesión o un concierto económico para Catalunya, postura que, sin embargo, dejaron en evidencia en una sonora ocasión los propios diputados del balcanizado PSdeG. Por su parte, Feijóo se situó en otro plano en este debate con su “hoy Galicia paga y Catalunya pide”, un titular que condensa su mensaje de que, según él, la Xunta es solvente, mientras el soberanismo ha arruinado a la Generalitat. Así, brilla por su ausencia una lectura gallega diferenciada de la cuestión catalana.