Brutal cruzada contra la droga en Filipinas
EL método utilizado por el nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, para acabar con la lacra de la droga en su país es tan brutal como el daño que pretende combatir. Alentar las ejecuciones extrajudiciales de traficantes, ya sea por la policía o por escuadrones de la muerte formados por civiles, supone violar los derechos y libertades fundamentales de las personas, además de favorecer que puedan morir muchos inocentes en esa violenta cruzada contra la droga.
En los últimos tres meses, desde que Duterte ganó las elecciones el nueve de mayo, han muerto 810 personas, de las cuales 496 fueron abatidas por la policía, 240 fueron asesinadas por civiles conocidos como “vigilantes” y 74 cadáveres aparecieron con letreros que los acusaban de ser narcotraficantes.
Rodrigo Duterte, de 71 años, abogado de profesión, pese a las críticas internacionales recibidas, defiende su radical método para acabar con la droga. Se cree justificado por el hecho de que las drogas destruyen personas, fundamentalmente jóvenes, y familias enteras, y por la imperiosa necesidad de frenar el intenso crecimiento que registra su consumo en Filipinas. En los últimos tres años el número de adictos a las drogas en el país ha pasado desde los tres millones de personas a cerca de cuatro millones. Pero nada justifica la vulneración de los principios del Estado de derecho.
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) ha ofrecido ayuda a Filipinas en su cruzada contra la droga y llevar a los traficantes ante la justicia. Esta organización considera que cruzadas tan violentas como la iniciada en ese país son contrarias a las convenciones internacionales para el control de la droga, no sirven para hacer justicia y no ayudan a asegurar que el pueblo tenga salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad.
Pero Duterte se muestra inflexible en su cruzada contra la droga, ha dicho que le importa poco el número de personas que mueran y ha advertido nuevamente a los traficantes: “No destruyáis a mi país ni a su juventud porque os mataré. He dado orden de tirar a matar”. El camino elegido por el presidente filipino de propiciar las ejecuciones extrajudiciales de los traficantes de droga, además de constituir una flagrante ilegalidad, puede tener una peligrosa deriva de violencia indiscriminada en Filipinas a partir del hecho de que cualquier ciudadano pueda tomarse la justicia por su mano. Nada en el país, sin embargo, parece que pueda frenar la particular cruzada de Duterte, porque su popularidad llega al 91% entre la ciudadanía, la puntuación más alta recibida jamás por un mandatario filipino.