¿Hasta dónde iba a ceder Rajoy?
El documento planteado por el PP a Sánchez y Rivera era tan abierto que en él cabía cualquier acuerdo o ninguno
El acuerdo alcanzado por el PP de José María Aznar con la CiU de Jordi Pujol en 1996 es el mejor ejemplo de las cesiones que se pueden hacer para llegar a un pacto de investidura, y entonces se conoció hasta la última coma de esas cesiones. En esta ocasión, sin embargo, difícilmente se sabrá hasta dónde estaba dispuesto a ceder Mariano Rajoy para seguir siendo presidente, porque el documento entregado a Pedro Sánchez y Albert Rivera no da muchas pistas. La concreción quedaba para una negociación a la que los dos, el líder del PSOE y el de Ciudadanos, se han negado, aunque Rivera este dispuesto a hablar de economía, sobre todo de presupuestos, con Rajoy.
De hecho, el documento de Rajoy es conscientemente un documento abierto, plagado de generalidades, que no concreta nada y se limita a hacer enunciados de bloques. Concretamente se trata de los epígrafes en los que coincidían varios documentos anteriores: el programa electoral del PP, el 26 de junio; la resolución política del comité federal PSOE, del 28 de diciembre (que estableció las condiciones de los ocho pactos que había que firmar para la investidura de Pedro Sánchez), y el acuerdo alcanzado en febrero entre los socialistas y Ciudadanos para que el líder del PSOE fuera presidente.
Pero esas coincidencias epigráficas no garantizaban coincidencia en los planteamientos. Es verdad que los tres partidos han incluido en sus planteamientos el epígrafe “medidas para apoyar a los autónomos y emprendedores”, por ejemplo, y podrían estar de acuerdo en la “revisión del régimen de cotizaciones y rebaja de tributación a los nuevos profesionales”, pero el documento no incluye ninguna medida (aunque en el PP lo justifican para intentar partir una negociación de cero).
Es lo mismo que en Educación, donde todos los partidos hablan de un “pacto por la educación” e incluso, como lo hace el acuerdo del PSOE y Ciudadanos, de un “pacto nacional por la educación”. Pero lo que quiere decir eso no se sabe, y hasta dónde estaba dispuesto a ir Rajoy, tampoco. Los otros partidos piden la derogación de la Lomce, y como ejemplo planteaban la supresión inmediata de las pruebas de primaria y de reválida. Pero nunca se sabrá si en una negociación lo hubieran conseguido, pues el documento del PP no lo indicaba y no habrá negociación al respecto.
Lo mismo ocurrirá con la petición de derogación de la reforma laboral, acordada por PSOE y Ciudadanos, de la que Rajoy no quería ni oír hablar, y que ahora tampoco tendrá que plantearse. Él prefiere hablar de políticas activas de empleo, donde también cabe todo. Como tampoco se sabrá si estaba dispuesto a replantearse la llamada Ley mordaza, de la que el documento tampoco dice nada.
El único apartado que incorpora medidas más concretas es el relati- vo al “Fortalecimiento institucional”, sobre todo en lo que se refiere a la “regeneración democrática”, y ahí se puede intuir una cesión posible, porque en contra de lo que hacía en su programa electoral y en un anterior documento para la negociación, al hablar de la reforma electoral, ya no habla de que en los ayuntamientos se garantice que gobierne el partido más votado, y deja
La propuesta del PP recoge un conjunto de epígrafes que figuraban ya en su programa y en textos del PSOE o de C’s Los pactos Aznar-Pujol de 1996 operaron sin condiciones previas y con la aceptación de las exigencias de CiU
ese apartado en un simple “Mejora de la participación electoral de los españoles residentes en el exterior, así como de las personas con discapacidad”.
En ese mismo epígrafe, el apartado de “Lucha contra la corrupción”, el documento del PP lo resuelve poniendo las medidas en las que coincidían los tres partido: cese de altos cargos cuando se les abra juicio oral, promover un acuerdo político para la no concesión de indultos a los condenados por corrupción o reducción de los aforamientos.
Hace veinte años, cuando Mariano Rajoy pasó a integrar el equipo negociador de José María Aznar con Convèrgencia i Unió no llevaba entre los papeles que puso encima de la mesa ni la supresión de la mili (que el PP no incluía en su programa electoral), ni la cesión del 30% del IRPF (pues los populares se habían negado a la cesión del 15% que había aprobado el Gobierno de Felipe González y contra la que Manuel Fraga había presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que acabó retirando). Todas esas cesiones fueron exigencias de los nacionalistas catalanes que el PP no tuvo más remedio que aceptar, hasta el punto de utilizar por primera vez un precepto constitucional que nunca más se volvió a aplicar: el 152, que permite ceder, mediante ley orgánica, la gestión de una competencia exclusiva del Estado. Y Catalunya obtuvo así la competencia de Tráfico. Lo único que no exigió Jordi Pujol entonces fue que Aznar hablara catalán en la intimidad.