La renovación del TC no alterará su línea jurídica
El cambio afecta a un tercio de los jueces del tribunal, incluido su presidente
La mayoría actual es conservadora; unánime en los fallos sobre el proceso
LOS PRECEDENTES El TC ha resuelto de forma unánime sobre el 9-N y el resto de iniciativas soberanistas LA SITUACIÓN ACTUAL El aplazamiento del fallo sobre el plan de ruptura busca rebajar tensiones políticas LOS EQUILIBRIOS Varias sentencias han llamado al diálogo, al tiempo que anulaban las iniciativas unilaterales LAS PERSPECTIVAS Este año el Senado ha de renovar a cuatro jueces del TC, entre ellos el presidente
El Tribunal Constitucional (TC) lleva tres años intentando no convertirse en títere ni en muñeco de feria. En su actuación, en especial frente a las iniciativas de las fuerzas soberanistas, ha querido mostrar a la vez firmeza en defensa de la Constitución y ausencia de radicalismos en el contenido de sus resoluciones. El TC rechaza aparecer como títere porque no quiere que se le considere como mero ejecutor de las estrategias del Gobierno frente al independentismo. Y tampoco quisiera que desde el otro extremo de la cuerda los partidarios de la ruptura con España le conviertan en muñeco de feria, ese objeto al que lanzar pedradas y bolazos para descargar la indignación y la ira política contenida.
En ese complejo equilibrio, en esa cuerda floja de la defensa de la Constitución sin aspavientos, fracturas internas ni actuaciones desproporcionadas y precipitadas lleva el Constitucional esforzándose con más sentido de la responsabilidad que entusiasmo. El TC siempre vio con fuertes re- servas, por ejemplo, la reforma le- gal que le asignó nuevas compe- tencias ante casos de posible incumplimiento de sus sentencias. La idea predominante en la institución es que prácticamente se le han atribuido funciones de policía. Es decir, de garantía del orden constitucional en unos términos que no le corresponden. Y se ha visto ahora. Si el TC hubiera asumido con entusiasmo tales funciones, probablemente no habría dado 20 días al Parlament, a su presidenta, Carme Forcadell, a la Mesa de la cámara catalana y a su secretario general para que formulen alegaciones frente al incidente de ejecución de sentencia planteado por el Gobierno como reacción a la aprobación de la hoja de ruta rupturista, el pasado día 27 de julio.
En su respuesta a la impugnación, el Constitucional ha tratado de huir de los extremos y evitar las estridencias. Se reunió con carácter urgente como quería el Gobierno, es cierto. Pero no accedió a todas sus peticiones. Quiso huir, en suma, de la citada imagen de títere. Y también buscó no convertirse en muñeco de feria, en destinatario de todas las críticas de los independentistas, como institu- ción que alienta y provoca conflictos, más que resolverlos. Para evitar el papel de polichinela, el TC no quiso correr, y abrió un espacio para la reflexión, que va a aplazar hasta la segunda mitad de septiembre su resolución sobre las principales peticiones del Gobierno en respuesta a la aprobación de la hoja de ruta rupturista. Y para alejarse de la imagen de tentetieso, no quiso situarse en la diana de las fuerzas soberanistas, iniciando una persecución penal de la presidenta del Parlament. El tanto de culpa o denuncia contra Forcadell tal vez acabe produciéndose, pero el TC no ha querido formalizar una iniciativa de este tipo sin darle antes turno de palabra –en este caso escrita– y oír -es decir, leer– sus explicaciones.
Los criterios de medición que emplea el TC para sus respuestas no son sólo para las formas, sino también para los tiempos. En su último paso, los magistrados no han querido elevar el tono ni contribuir a incrementar la temperatura de cara a una nueva Diada reivindicativa. El 7 y 8 de septiembre estaba previsto el primer pleno de la vuelta de vacaciones. Pero como se iba a tratar la admisión de asuntos nuevos, y no hay muchos, el pleno del TC consideró que no va a ser necesario celebrarlo.
Esta decisión tendrá efectos en el debate sobre la hoja de ruta rupturista. Y es que para comienzos de septiembre pueden haber llegado al TC las alegaciones pedidas a Forcadell y la Mesa del Parlament. Tras el cambio de su calendario de plenos, el TC ya no tendrá que resolver sobre ellas los planes sobernistas a pocos días de la fiesta del Onze de Setembre. Los magistrados están de acuerdo en que es mejor dejarlo para el siguiente pleno, que tendrá lugar dos semanas más tarde, el 20 y 21 de septiembre. Y ya se verá si se resuelve en éste, porque el día 28 del mismo mes se debate la cuestión de confianza planteada por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El Constitucional, en suma, no quiere tomar sus decisiones influido por los climas que pueda ir generando el calendario político. Aunque, al rehuirlo, confirma la influencia de ese factor.
Llegue cuando llegue, el TC intentará mantener la unanimidad a la hora de resolver sobre la hoja de ruta rupturista. El presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, siempre se ha marcado como objetivo preservar esa unidad interna. Unánimes fueron las decisiones sobre la declaración soberanista del Parlament en 2013, sobre la consulta del 9-N de 2014, y sobre la declaración de la cámara catalana declarando el inicio de un proceso constituyente, en 2015. En esas y otras sentencias relacionadas con Catalunya, el TC ha incluido llamamientos al diálogo político y múltiples interpretaciones que las declaraban ajustadas a la Constitución si se aplican con determinadas limitaciones. Todo ello, precisamente, en aras de la unanimidad, para que el menguado sector progresista del TC no se descolgara. Ahora, a grandes rasgos, el equilibrio en el TC es de 8 a 3 a favor del sector conservador. El Senado tendrá que decidir este año la renovación de cuatro magistrados, entre ellos el presidente. Ni que decir tiene que se trata de una decisión muy relevante, que marcará el futuro de una institución clave para mantener los complejos equilibrios del sistema.