De Barcelona a Río
El demorado juicio sobre el caso Palau, uno de los escándalos de corrupción política más graves de la historia de Catalunya; y el reto que supone para una sociedad en crisis como la brasileña la organización de un acontecimiento como los Juegos Olímpicos, foco del interés internacional durante días.
POR fin parece que la justicia resolverá el caso Palau. Un asunto que ha provocado un fuerte impacto en la sociedad civil catalana por el enorme prestigio de la añeja institución, uno de los pilares de la cultura catalana. Más de siete años después de que los Mossos entraran por orden judicial en el edificio de Domènech i Montaner, el presunto expolio de los fondos del Palau de la Música y del Orfeó Català será juzgado en los próximos meses por la sala de la sección décima de la Audiencia de Barcelona, un tribunal presidido por la magistrada Montserrat Comas, una juez de larga trayectoria que, entre el 2001 y el 2008, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Aunque todavía no está fijada la fecha de inicio de la vista, lo más previsible es que esta pueda celebrarse a finales del presente año o a principios del 2017.
El caso del desfalco de la caja del Palau de la Música por el que pudieron desviarse hasta 26 millones de euros de sus arcas, según la Fiscalía, ya tiene, pues, fijado un horizonte para concluir el proceso judicial. En la causa están procesados, entre otros, el que fuera presidente del Patronat de la Fundació, Félix Millet; su mano derecha y colaborador, Jordi Montull, y el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, así como dos directivos de la empresa Ferrovial. Según la instrucción, Millet y Montull montaron un sistema opaco para el desvío de fondos del Palau procedentes de donaciones de empresas a cambio de concesiones de obra pública.
Del malestar inicial causado por la noticia del presunto delito se pasó a la indignación cuando se supo que los dos primeros encartados se habían apropiado de una parte de esos fondos –delito que asumieron en parte de forma pública–, mientras que la otra fue presuntamente a parar a CDC. A la desazón social por el escándalo se sumó, de una parte, el hecho de que el primer juez que instruyó el caso no tomó medidas cautelares contra los encausados y, por otra, la lentísima tramitación judicial del caso, tanto por la ineficiencia de la justicia –la instrucción fue realizada hasta por cinco jueces distintos–, como por las diversas triquiñuelas procesales de unos y de otros. Hasta el punto que la instrucción llegó a estar 16 meses paralizada por la tardanza en la presentación de alegaciones por parte de algunas empresas declaradas responsables civiles subsidiarias o porque, sencillamente, estas habían desaparecido o estaban en trámite de concurso de acreedores.
Aunque el caso Palau ya tiene quien le juzgue, quedan pendientes algunas cuestiones procesales: desde la disponibilidad en la agenda de los magistrados, siempre muy cargada, en la que habrá que tener en cuenta que se tratará sin duda de una vista larga por la complicada trama en que se suelen mover este tipo de delitos, así como la aceptación de las pruebas presentadas por las diversas partes. Una vez supera das esas cuestiones, se podrá saber qué ocurrió en el Palau durante el primer decenio de este siglo, quiénes fueron los responsables y los beneficiarios del delito y dónde está el dinero defraudado y quién debe devolverlo a sus legítimo s dueños. Al margen de si existen responsabilidades políticas de quien corresponda.
Se trata de una buena noticia, puesto que se pondrá así punto final a uno de los escándalos que más desazón han causado a la sociedad catalana en estos últimos años, tanto por el daño causado a una institución cultural señera, como por la personalidad de los encausados, así como por la tardanza judicial en instruir la causa.