Desorden en el mercado
El organismo regulador deja para septiembre una nueva revisión del polémico texto
El impacto de la discutida economía colaborativa pone en cuestión mercados clave como el transporte de viajeros o los alojamientos turísticos, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no consigue poner orden en la legislación al respecto.
Tras la cada vez más discutida etiqueta de economía colaborativa, hay toda una serie de nuevos negocios que están poniendo en cuestión mercados clave como el de transporte de viajeros o los alojamientos para turistas. El impacto de compañías de nuevo cuño como Uber o Airbnb lleva de cabeza a las distintas administraciones en todo el mundo, que en los últimos años se han visto obligadas a adaptar la legislación a su irrupción. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se sumó desde un principio a las instituciones que quisieron tomar parte en este debate. En su día el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, buscó ser pionero en ofrecer unas directrices generales sobre la economía colaborativa, abriendo el camino a los necesarios cambios en las normativas municipales, autonómicas y estatales. Por ello, prometieron un informe que debía estar listo antes de que acabara el 2015, pero que aún no ha visto la luz. Bien, al menos de forma, definitiva. Después de sucesivos avatares, Marín Quemada propuso la semana pasada al pleno de la CNMC volver a revisar la última propuesta que acababa de presentar ante los consejeros. Una revisión que emprenderán el próximo septiembre, según explican fuentes conocedoras de la reunión.
La propuesta se planteó en el último pleno de Competencia, cuando se hizo evidente que el texto puesto sobre la mesa no contaba –de nuevo– con un apoyo mayoritario. Según las mismas fuentes, la más reciente versión del informe –firmado por el director de Promoción de la Competencia y hombre de confianza de Marín Quemada, Antonio Maudes– “apenas presenta novedades y ninguna de fondo” sobre la propuesta inicial de flexibilizar al máximo el marco normativo de negocios como el taxi o los apartamentos turísticos (ver recuadro). Esta postura ha molestado especialmente al colectivo de los taxistas, que llegaron a manifestarse en el mes de febrero delante de la sede de Competencia, en Madrid.
Aparte de la cuestión que aborda, el polémico dictamen de Competencia puso de manifiesto ya el pasado mes de marzo la guerra larvada desde hace tiempo entre el presidente de la institución, la vicepresidenta, María Fernández, y los consejeros. El contenido y la manera de difundir públicamente la primer versión del documento sobre economía colaborativa hace más de cinco meses provocó que María Fernández y cinco de los ocho consejeros de la CNMC (Clotilde de la Higuera, Eduardo García Matilla, Diego Rodríguez, Fernando Torremocha y Benigno Valdés) reclamaran al presidente del organismo la destitución de Maudes por pérdida de confianza. Desde entonces y ante la oposición de Marín Quemada, el bando rebelde intenta que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la capacidad del pleno para cesar al responsable del departamento de Promoción de la Competencia.
En paralelo, el bando mayoritario se opone desde un inicio a las directrices del informe sobre economía colaborativa. En vista de la imposibilidad de que fuera aprobado por el pleno en marzo, el equipo del presidente decidió considerar el texto hecho público como un informe preliminar y abrir una segunda consulta pública –una decisión inédita en el macroórgano hasta entonces–.
Después de cerrar esta inusual segunda ronda de consulta a la ciudadanía y los sectores implicados, la CNMC llevó de nuevo a pleno el pasado 27 de julio el informe. Sin embargo, la que debería haberse considerado versión definitiva sobre la posición de Competencia acerca de la adaptación regulatoria a los negocios disruptivos impulsados por la tecnología embarrancó de nuevo. Y, en un gesto que, desde el bando rebelde interpretan como intento de moderar la situación de enfrentamiento, el presidente de la CNMC jugó de nuevo con los tiempos y abrió un periodo de mejora de la propuesta a partir de septiembre. La polémica, de momento, queda otra vez en suspenso.
El dictamen, objeto de disputa interna, tendría que haberse aprobado a finales del año pasado