Juegos en un país en crisis
LOS Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro no podían haberse celebrado en peor momento económico y social para Brasil: una fuerte recesión, un brutal aumento del desempleo, con más de dos millones de nuevos parados en los últimos quince meses, una profunda crisis política, un gran malestar social y una imagen de país poco eficiente y mal organizado. Nadie podía pensar que este sería el estado de la potencia brillante y emergente que hace ocho años enamoró al Comité Olímpico Internacional para concederle la celebración de los Juegos en el 2016. Pero el impacto de la desaceleración de la economía de China en las compras de sus materias primas, el brutal descenso de precios de las mismas, los graves errores de política económica del gobierno de Dilma Rousseff, ahora apartada del poder por maquillar las cuentas públicas, la huida de capitales y la caída de las inversiones han llevado a la actual situación.
Difícilmente los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro van a contribuir a mejorar la actual situación económica de Brasil como consecuencia del impulso en la actividad que hayan tenido las nuevas infraestructuras, ya que provocarán un importante incremento del ya muy elevado endeudamiento público, ni como resultado de los derechos televisivos ni de un determinante aumento del turismo, castigado por la irrupción del virus del Zika en el país, lo que ha supuesto otra desgracia añadida.
La esperanza, sin embargo, es que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sean, al menos, un éxito deportivo y social, y que marquen el principio del fin de la dura crisis política y económica que ha sufrido el país. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía vuelva al crecimiento el año próximo, con un aumento del producto interior bruto del 0,5%, después de haber caído más de un 7% en los últimos dos años, al tiempo que el clima de confianza del consumidor y del empresariado empiezan a mejorar.
El nuevo juicio al que debe someterse Dilma Rousseff, que se celebrará una semana después del final de la cita olímpica, puede acabar de confirmar su destitución de la presidencia. Ello consolidaría en la misma a su sucesor interino, Michel Temer, cuyo Gobierno podría profundizar la agenda neoliberal ya iniciada, que está marcada por la reducción del gasto público, las privatizaciones masivas, la reforma de las pensiones, de las leyes laborales y de la fiscalidad, así como la reorganización de la administración y de la banca estatal pública. Pero, pese a contar con la confianza de los mercados financieros, el éxito no está asegurado, en un país –el gigante de Latinoamérica– que debe afrontar también enormes retos sociales.