La asignatura pendiente de la seguridad aún no está aprobada
La Generalitat centra su control en las infraestructuras más antiguas
La tragedia del camping de Biescas marcó un antes y un después en la burocracia administrativa relativa a la seguridad en el turismo de acampada. Ochenta y siete muertos por una riada que asoló un equipamiento que nunca habría tenido que levantarse en una zona inundable son muchos fallecidos.
En los despachos de los políticos y técnicos que otorgan y deniegan permisos se tomó de inmediato nota de lo ocurrido. Se anunciaron medidas urgentes para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse, lo que conllevó más controles e inspecciones en los campings y la redacción de leyes y normas más restrictivas.
Pero el principal problema para poner orden en estas infraestructuras turísticas radica en que la gran mayoría de los campings de los Pirineos, similares al de Biescas, están junto a ríos o barrancos. O lo que es lo mismo: en zonas potencialmente inundables.
Biescas fue, sin embargo, toda una lección. Y aunque las medidas no han conllevado cierres de instalaciones levantadas junto a ríos, la seguridad en esos campings y los controles en los mismos se han incrementado respecto a la realidad de hace dos décadas. Catalunya fue una de las comunidades pioneras en la respuesta a esa tragedia. El año 2002, recuerda Agustí Serra, director general de Urbanisme de la Generalitat, se aprobó una ley más estricta para la construcción de nuevos campings que por primera vez tenía en cuenta la seguridad de las personas. Desde hace catorce años las zonas de acampada de nueva construcción tienen que superar un grado de exigencia más elevado. Pero esa ley, como otras aprobadas tras la riada de Biescas en varias comunidades españolas, tiene poca o nula repercusión en los campings construidos antes de 2002. Y eso afecta a la mayoría de las más de sesenta zonas de acampada repartidas por todo el Pirineo catalán.
Una asignatura pendiente que la Generalitat quiere aprobar con un proceso, iniciado
Un plan pionero en Catalunya contempla mejoras en la mayoría de zonas de acampada del Pirineo La medida afecta a todos los campings levantados antes de la ley de 2002, que endureció las normas
hace cuatro años, con el foco puesto en esas infraestructuras de acampada levantadas antes de la ley de 2002. “Hemos firmado ya un acuerdo de intenciones tras sentarnos en una misma mesa Urbanismo, la Agencia Catalana de l’Aigua, Protecció Civil, la Asociación de Campings y Turismo”, afirma Agustí Serra. La intención es mejorar en materia de seguridad (con obras en barrancos, ríos y canalizaciones) y aumentar la prevención con un sistema de prealertas efectivo”, revela en director general de Urbanismo.
Se han hecho estudios en esos campings para tener una información real sobre los riesgos de inundación. Y se están adoptando ya medidas a partir de esas inspecciones con el compromiso de que en un año todas esas zonas de acampadas deberán cumplir con las resoluciones acordadas por los expertos. En unos casos se ha pedido alejar del cauce de los ríos zonas concretas de acampada y en otros habrá que realizar obras para que el agua no sea una amenaza en caso de crecida de los caudales.
Agustí Serra asegura que el sector del camping está de acuerdo con acometer esas mejoras. Y concluye que “hoy los campistas están más seguros que nunca”.