El asesino del Nilo
El sonido del hambre es un sollozo neutro y sostenido, con apenas altibajos, que suele venir acompañado de otros muchos, porque pocas veces un niño malnutrido se consume solo. Sus madres, en cambio, guardan silencio. Aliza John sostiene delicada la cabeza de su hijo, Jal Puok, que la mira con los ojos fijos y llora con la boca abierta. De vez en cuando, Aliza descansa el mentón sobre la palma de la mano y le observa. Callada. Le intenta dar leche, pero Jal, que tiene un año y pesa cuatro kilos —como un recién nacido regordete en España—, la vomita y el líquido le desciende por la mejilla hasta unas llagas en el cuello.
El hambre despierta esa duda: crea realidades tan ásperas, tan ausentes de piedad, que el periodista se enfrenta a la disyuntiva de si la escena no es demasiado cruda para empezar un reportaje en pleno mes de agosto. Quizás así: cuando pregunto al nutricionista Michael Lam Majok si el pequeño se va a salvar, dice que él cree que sí.
La nueva fase de la guerra que se desató el 8 de julio en Yuba, y se contagió rápidamente a otras zonas ya castigadas del país, ha cambiado las previsiones de sopetón. Inicialmente, Unicef había pedido ayuda para atender a 166.000 niños. Después de las últimas semanas de violencia, la organización ha tenido que revisar la cifra hasta los 250.000. Siete de los diez estados de Sudán del Sur han rebasado la línea roja del 15% de niños malnutridos y en alguno la cifra incluso supera el 33%.
En el hospital de campaña del centro de protección de civiles PoC1 de Yuba, todas las camas están ocupadas. Nyaboth Banak, de 30 años, comparte el colchón con tres hijos, aunque no hace falta preguntar por cuál de ellos está aquí. Kassara Simon, el mediano, de cinco años, pesa ocho kilos y 800 gramos y le sobra camiseta naranja por todos lados. Son de Bentiu, en el norte del país, y Nyaboth cuenta que cuando su aldea fue atacada por soldados del Gobierno, huyó con sus hijos a Yuba y los hombres se quedaron a luchar. Fue testigo de cómo disparaban a niños, pero no fue lo peor: “Estaba
Cruzado por el Nilo, el país tiene su estación del hambre, agosto: la comida se acaba y aún no hay cosechas nuevas La escalada de violencia en Sudán del Sur ha disparado la malnutrición infantil y también las alarmas: la región no se puede permitir otro Estado fallido
escondida entre los arbustos y vi cómo los soldados metían a hombres, mujeres, niños y ancianos en una choza grande. Después cerraron la puerta y prendieron fuego a la casa”. Su hijo mayor, de 13 años, que viste una camiseta rota del Milán, le escucha como quien oye una canción.
El hambre de Sudán del Sur no es como otros hambres. El rugir de tripas no aparece como en otros lugares por una sequía, una plaga o un suelo infértil. En el país más joven del mundo, el hambre es culpa del miedo. Si no hubiera guerra, nadie debería morir de hambre en un país de tierra generosa y atravesado de sur a norte por una arteria de vida como el río Nilo. Pero la hay.
La violencia provoca éxodos masivos, deja campos sin cultivar y sube los precios. La inflación, que machaca los bolsillos de los nadie, ha multiplicado por cinco el coste de alimentos básicos en apenas un mes y medio. Muchas familias —casi la mitad de los 12 millones de habitantes— no tienen dinero para comer y dependen de la ayuda humanitaria.
Nyaboth se queja de que sus hijos comen lo mismo desde hace dos años. “Siempre alubias; sólo una vez en dos años comimos otra cosa: alubias amarillas”.
Rakesh Sivatsura, médico indio a cargo del PoC3, va de un lado al otro de la sala de malnutrición. No baja la guardia ni un instante. Vigila que las madres insistan en dar de comer a los bebés porque algunas se desesperan y dejan de intentarlo. De pronto, se para junto a Nyakanday, una niña de un año que es apenas piel y hueso. Su madre ha dejado un ventilador encendido y la corriente le da directo en la piel descubierta. “Es peligroso que le dé el aire así, estos niños están tan débiles que cualquier cambio de temperatura les puede provocar un colapso”. Más que mantenerse alerta, Rakesh se está preparando. “Aún no hemos visto lo peor. Agosto es el pico de la estación del hambre, cuando la poca comida en las despensas se termina y aún no hay cosechas nuevas”.
En Sudán del Sur llevan tanto tiempo apretando los dientes que el hambre, el asesino del Nilo que siempre vuelve, hasta tiene una estación.
Aunque tenga su raíz en el miedo, el hambre en Sudán del Sur tiene otros motivos. Que la guerra es un buen negocio es uno de ellos. Desde que la paz se quebró en el 2013 (la falta de cultura democrática de unos líderes que han vivido toda su vida en las trincheras está arriba en la lista de razones), el Gobierno de Sudán del Sur ha gastado cientos de millones de dólares en vehículos de guerra y armamento militar.
El techo destrozado de una fábrica de botellas de agua a las afueras de la capital se chiva de que probablemente la reciente batalla de Yuba se libró también desde el aire. En el 2014 y el 2015, el presidente Salva Kiir compró cuatro helicópteros de ataque Mi-24, al menos tres de ellos a una compañía ucraniana por casi 43 millones de dólares. La fuerza aérea no sólo ha dado una ventaja decisiva al Gobierno en su lucha contra los re-
beldes: según informaron medios locales, hace un mes esos helicópteros fueron responsables de la muerte de decenas de civiles en la capital. Firmas chinas también han comido pastel: hace dos años, la empresa Norinco vendió 40.000 armas, 2.400 granadas y dos millones de cartuchos al Gobierno sursudanés por valor de 38 millones de dólares. Compañías canadienses, ugandesas —aunque se sospecha que como intermediarios de Israel— y rusas han cerrado acuerdos similares con el Gobierno.
Más allá del hambre que provoca el conflicto, o que Sudán del Sur no tenga para escuelas en un país analfabeto (el 85% de la población) y varios hospitales no puedan pagar la gasolina de los generadores, todos esos acuerdos millonarios de venta de armas al Gobierno son perfectamente legales. Aunque los países europeos llevan años reclamando un embargo de armas en el país, el Consejo de Seguridad de la ONU no lo ha aprobado. Estados Unidos, uno de los principales apoyos gubernamentales durante el proceso de independencia, ha utilizado su capacidad de veto para evitar un embargo sobre sus aliados. Las justificaciones de Washington son varias: con un país tan repleto de armas, donde hasta los pastores llevan un kaláshnikov al hombro, un embargo apenas tendría efecto a corto plazo, invitaría al Gobierno sursudanés a activar una escalada de violencia para aprovechar su superioridad momentánea y, sobre todo, avivaría el mercado negro por sus porosas fronteras, a menos que los países vecinos estuvieran por la labor. Y no lo están.
Hace dos años, la organización de investigación de armamento Conflict Armament Research analizó cientos de armas pesadas que habían sido lanzadas en paracaídas a territorio rebelde pero habían llegado a manos equivocadas. El resultado fue rotundo: habían sido fabricadas en el vecino Sudán. A eso habría que sumar la venta de armas desde los jugosos canales clandestinos. A finales de julio, la policía española detuvo a un ciudadano polaco en Eivissa, acusado de tráfico de armas: había vendido en Sudán del Sur 200.000 fusiles AK-47, lanzamisiles y blindados.
La buena noticia para madres con niños consumidos como Aliza y Nyaboth es que no importan. Literal. El futuro de Sudán del Sur no depende de la importancia de la vida de sus ciudadanos para la comunidad internacional—que se ha demostrado cínicamente escasa—, sino que es una cuestión de seguridad mundial. Ahí puede estar su oportunidad. La semana pasada, líderes de África del Este aprobaron el envío de tropas para pacificar Yuba porque la región no puede permitirse otro Estado fallido a un traspié de desastres como República Centroafricana o Somalia. Occidente tampoco. El total colapso de Sudán del Sur supondría una mayor ola de refugiados hacia países vecinos como Uganda, Kenia, Sudán, Etiopía y Congo, además de una nueva puerta de entrada descontrolada de armas y desestabilización.
En la Casa Blanca interesa un Sudán del Sur estable. No sólo porque es un Estado simpático por su población mayoritariamente cristiana (un 70%, aunque muchos comparten esa fe con creencias locales) en contraposición con el islamismo de ala dura de Sudán, que acogió durante años a Osama bin Laden. Para Washington, Sudán del Sur ha sido en los últimos años un aliado clave como Estado tapón ante el avance del yihadismo en África.
Y la cada vez mayor influencia del Estado Islámico en Nigeria, donde acaba de propiciar un cambio de líder en Boko Haram, o las batallas internas en la banda somalí Al Shabab entre partidarios de Al Qaeda o los favorables a cambiar y hermanarse con el Estado Islámico animan a tomarse en serio la amenaza.
No sólo es el miedo al caos. También es que un Sudán del Sur estable puede ser un aliado de fiar contra el yihadismo global: la sociedad sursudanesa se ha opuesto históricamente al avance del islam radical, que asociaban con las atrocidades cometidas por Sudán del Norte durante las dos guerras civiles. En ese tablero, la ficha sursudanesa no se puede desperdiciar.
Por eso, cuando hace un mes la batalla estalló en Yuba, sonaron los teléfonos de Pekín y Moscú. La semana pasada, funcionarios de Estados Unidos se reunieron con sus contrapartes rusos y chinos en la ONU para discutir la posibilidad de, esta vez sí, aprobar un embargo de armas en Sudán del Sur.
El Gobierno de Sudán del Sur se ha gastado cientos de millones de dólares en armamento desde el 2013