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Las diferentes lecturas sobre la prohibición de la candidatura de Otegi en las elecciones vascas, y la enésima tragedia sísmica sufrida en Italia.
ARNALDO Otegi no podrá, en principio, ser candidato a lehendakari por EH Bildu en las elecciones autonómicas del próximo 25 de septiembre. La Junta Electoral territorial, haciendo suyas las tesis de la Fiscalía, afirma que la sentencia por la que cumplió más de seis años de prisión le inhabilita hasta el 2021. Y rechaza, por tanto, las tesis de la defensa del líder radical abertzale, cuyo entorno ha anunciado que agotará todos los recursos. En última instancia será el Tribunal Constitucional el que decida.
Existen dos vertientes que considerar en esta prohibición: la jurídica y la política. El nudo de la cuestión legal es si la reducción a seis años y medio de la pena de cárcel a Otegi dispuesta por el Tribunal Supremo afecta o no a la condena de inhabilitación política de diez años impuesta por la Audiencia Nacional. La sentencia del Supremo habla sólo de la reducción de pena de cárcel y no hace mención a la de inhabilitación política. Este vacío legal es el principal argumento jurídico de Otegi para reivindicar su derecho a presentarse a las elecciones. Una interpretación que abonó hace quince días el fiscal superior del País Vasco. “Nada es blanco o es negro. Todo es discutible”, admitió Juan Calparsoro, aunque se desdijo inmediatamente después. Quizás no sería descabellado relacionar esta rectificación con el carácter jerárquico de la Fiscalía. En todo caso, habrá que esperar a la decisión que tomen la Junta Electoral del País Vasco y, en su caso, el Tribunal Constitucional.
Pero es evidente que más allá de la mera cuestión jurídica está la política. Casi cinco años después de que ETA anunciara su renuncia al terrorismo –en octubre del 2011–, y dado que desde entonces no ha habido por su parte ningún atentado que rompiera aquella histórica decisión, la mayoría de los vascos desea avanzar ahora en la normalización de su vida política. La cuestión tiene mucho que ver con las víctimas del terrorismo etarra y sus familiares. Aunque se han dado algunos pasos hacia la reconciliación (encuentros de militantes de ETA y sus víctimas, declaraciones del entorno de la izquierda abertzale pidiendo perdón, etcétera), lo cierto es que se echa en falta una respuesta clara y contundente que restañe en parte el inmenso dolor provocado por 43 años de disparos y bombas, con 829 muertos.
Otegi se ha referido recientemente a dicho dolor, diciendo que “todo el mundo ha contribuido en este país al sufrimiento”, un argumento injusto puesto que equipara a las víctimas del terrorismo con las víctimas de la represión del Estado. Si bien todas las acciones que tuvieron como consecuencia esas víctimas son por igual inmorales y reprobables, algunas de ellas asumían voluntariamente el riesgo que suponía optar por lo que llamaban “lucha armada”, mientras que sus víctimas no tuvieron elección. Otegi fue uno de los que, desde el entorno radical, más contribuyeron en clave interna a que la banda abandonara definitivamente las armas. Pero los familiares de las víctimas de ETA tampoco olvidan que durante años se mostró insensible a su dolor.
Apartar a Otegi de la carrera política –al margen de que sus expectativas electorales estén en declive– podría conllevar el riesgo de abonar su victimismo. Y la campaña de Bildu girará en torno a su persona, sea o no al fin el candidato. El silencio que observa el PNV es, en este sentido, harto significativo. Pase lo que pase, es hora de que ambas partes, y en especial la izquierda abertzale, pongan punto final definitivo y explícito a un periodo tan dramático como el que alimentó ETA.