El Síndic estalla por el ingreso de un enfermo mental en el CIE

No pasa un día de este mes de agosto sin que alce la voz el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. Una vez la queja estuvo motivada por la contaminación durante varias semanas del agua potable en las localidades de La Bisbal d’Empordà y Forallac (el problema se solucionó ayer). Anteayer, le dio un tirón de orejas al Ayuntamiento de Arenys de Mar por permitir que permanezca en su término municipal un vertedero ilegal de neumáticos, “con un grave peligro medioambiental y para la salud de las personas”.

Ayer volvió a pedir el cierre definitivo del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona. Y lo hizo a raíz de una queja, que está siendo investigada por la justicia, según la cual una persona con problemas de salud mental acabó en estas polémicas instalaciones de la Zona Franca el 2 de agosto. La denuncia sostiene que el interno seguía un tratamiento psiquiátrico y que le dieron el alta no definitiva con la recomendación de que regresara al cabo de una semana. Pero dos días después fue detenido “porque se encontraba en situación irregular”. Cuando el juez fue informado del caso, solicitó una evaluación psiquiátrica. Con independencia del resultado de ese examen, los hechos sirven para recordar al defensor de los ciudadanos las “irregularidades” en el funcionamiento del centro, que carece –dice– de “mecanismos ágiles y permanentes de supervisión”. El CIE ha sido objeto de frecuentes críticas. La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que es a la capital catalana y al Ayuntamiento lo que el Síndic es a Catalunya y a la Generalitat, también ha pedido el cierre del servicio y el Consistorio mantuvo un pulso con el Ministerio del Interior este junio para tratar de evitar su reapertura después de unos meses de obras.

Ribó se ha hecho eco de la denuncia de este supuesto enfermo mental, que dice haber padecido malos tratos y haber intentado suicidarse. Por ello, la Sindicatura ha dado traslado de lo ocurrido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo. La institución quiere subrayar “una vez más la necesidad de exigir el cierre definitivo”.

No es la primera vez que el Síndic pide algo parecido, pero en esta ocasión ha estallado por la mera posibilidad de que “se ordenara el ingreso de una persona por su situación de irregularidad y sin tener en cuenta sus circunstancias personales y médicas, y sin garantizar su necesaria atención psiquiátrica”.