Dos urbanos suspendidos por agredir a un motorista
Los agentes propinaron varios golpes gratuitamente a un conductor que se saltó un control de tráfico en la Rabassada
El Ayuntamiento de Ada Colau quiso evitar verse salpicado por el escándalo de una mala actuación policial e informó abierta y rápidamente de la suspensión de dos agentes de la Guardia Urbana por agredir supuestamente a un motorista. Una investigación interna ha arrojado unos resultados “evidentes y palmarios” que ha acarreado la suspensión de los agentes, dicen en el Consistorio.
Los hechos se remontan al 15 de agosto. El piloto de un ciclomotor se saltó un control ordinario de tráfico de los que la Guardia Urbana acostumbra a hacer en varios puntos de la ciudad. En este caso, fue en la carretera de la Rabassada. El motorista fue alcanzado poco tiempo después por una patrulla que le dio el alto. Uno de los agentes le propinó una serie de golpes físicos, puñetazos y patadas. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que fue una agresión, que no había ninguna motivación para el uso de la fuerza. No estuvo justificado, ni se trató de ninguna maniobra de retención. El Ayuntamiento lo tiene muy claro. “La actuación fue improcedente y manifiestamente desproporcionada”, sostuvo ayer en un comunicado. Y además, ha denunciado a los agentes ante la justicia. “Hay indicios sólidos de grave mala praxis policial”, añade la nota hecha pública.
El Ayuntamiento no tiene dudas porque asegura que cuenta con “pruebas irrefutables” que demostrarían la agresión que padeció el conductor. Una tercera persona, de la cual no se ha dado más información, dio cuenta a la unidad de asuntos internos de la Guardia Urbana de que se habían producido unos hechos graves en la carretera de la Rabassada. Detalló los golpes de los agentes e incluso presentó pruebas a las que se ha dado total veracidad.
Después de recibir dicha información, la unidad de asuntos internos, reformulada al inicio de la legislatura por este gobierno municipal, inició una investigación que no arrojó ningún tipo de dudas sobre la denuncia inicial: se produjo una agresión. Inmediatamente, los dos agentes fueron suspendidos de empleo y sueldo de manera cautelar a la espera de lo que dictamine el juez.
En paralelo, el Ayuntamiento ofreció apoyo y asistencia al conductor agredido, que hasta el momento no ha presentado denuncia contra los acusados. Una vez la investigación interna estuvo concluida y los agentes apartados, el Ayuntamiento informó públicamente de lo sucedido.
El comisionado de seguridad del gobierno municipal, Amadeu Recasens, señaló que no se trata del primer caso de mala praxis policial de la legislatura pero sí el más grave, aunque destacó que se trata de un hecho “aislado y excepcional”. El máximo mandatario político de la policía municipal también quiso poner en valor la eficacia de los mecanismos de transparencia impulsados por el gobierno de Ada Colau.
En abril, se presentó el nuevo funcionamiento de la división de asuntos internos, cuya principal novedad era que su estructura pasaba a depender directamente del comisionado de seguridad, quedando desvinculada de la cúpula policial. También le cambiaron la ubicación y la rebautizaron como unidad de deontología y asuntos internos.
El Consistorio ofreció apoyo y asistencia al conductor agredido y denunció ante el juez a los dos policías