La Sagrada Família se muestra dispuesta a pagar impuestos al Ayuntamiento
El distrito de Sant Martí guarda la instancia por la que se solicita permiso para edificar el templo, así como el plano firmado por Gaudí
La Sagrada Família pedirá una reunión con el Ayuntamiento de Barcelona después de que el equipo de Ada Colau reclamara que el templo pague licencia de obras. Sería el primer encuentro entre el patronato de la Sagrada Família y responsables municipales. El patronato está dispuesto a hablar de impuestos, pero también quiere abordar las expropiaciones para seguir los trabajos.
La Sagrada Família está dispuesta a pagar “los impuestos que le corresponden por ley”. Así respondieron ayer los responsables del templo después de la polvareda levantada por el Ayuntamiento de Barcelona al reclamar el pasado viernes el pago de la licencia de obras. El templo empezó a construirse en 1882 con un permiso solicitado tres años antes al Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals –aún no se había producido la anexión a Barcelona– y desde entonces la basílica ha podido proseguir los trabajos por silencio administrativo. Hasta ahora ningún gobierno de la ciudad le había exigido el permiso correspondiente, pero el de Ada Colau entiende que ha llegado el momento de “situar dentro de la normalidad una situación que hace más de cien años que dura”.
Los responsables del templo han solicitado una reunión con el gobierno local para abordar el pago de esta licencia y también tratar otras cuestiones, como las acusaciones lanzadas hace unos días por el concejal de Arquitectura, el socialista Daniel Mòdol, que calificó la Sagrada Família de “gran mona de Pascua” que ya no se corresponde con el proyecto de Gaudí, o la intención de la CUP de cobrar una tasa por la ocupación que hacen de la acera los turistas. El encuentro solicitado responde, según explicó ayer el presidente delegado de la Fundación Sagrada Família, Esteve Camps, al deseo de “exponer la situación del templo, explicar en qué momento se encuentra la edificación y cómo se está planificando la última etapa hasta su finalización”.
Esta sería la primera reunión entre los responsables del Patronato de la Sagrada Família y el equipo de gobierno de BComú y PSC. Hasta ahora, tal y como reconoció hace unos días el arquitecto jefe Jordi Faulí, no se ha producido ningún contacto, a pesar de que son muchas las cuestiones pendientes que se deberían negociar. Entre ellas, y no es la menos importante, estaría la posible expropiación de viviendas que están frente a la basílica para poder construir una escalinata y un paseo desde la fachada de la Glòria, en la calle Mallorca, hasta la Diagonal. En cualquier caso, este proyecto no está sobre la mesa de los responsables de Urbanismo de la ciudad, que prefieren concentrarse ahora en los permisos que
debería abonar el templo sin cuestionar la continuidad de las obras. Fuentes de la Sagrada Família informaron que el patronato no ha hecho ningún cálculo del dinero que se tendría que pagar, que este dependerá de “los criterios que el Ayuntamiento quiera aplicar”, sin aportar más información. Tampoco el Ayuntamiento ha querido precisar una cantidad. Fuentes municipales, sí que explicaron el pasado viernes que “la obra tiene que contar con las mismas condiciones que el resto de procedimientos y actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad”. Será en la reunión conjunta en la que se empezará a hablar de la cuestión económica. Lo más probable es que, finalmente, ambas partes traten de encontrar una fórmula de pago para que la Sagrada Família compense a la ciudad por las molestias que la intensa afluencia turística que genera este monumento provoca a los vecinos.
Según algunos expertos consultados por La Vanguardia, en principio, el templo debería hacer frente a la tasa por legalización de las obras, presentando un proyecto de final de estas y de los trabajos que se desarrollan en la actualidad. También podría abonar tasas por prórroga de licencias de obras mayores y el correspondiente permiso, que se calcula en función de los metros cuadrados de obra. Lo que sí que está claro es que no debe pagar ni el IBI ni el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) del que la Iglesia está exenta.
El presidente de la Fundación Sagrada Família, Esteve Camps, sostiene que la basílica no es “una obra ordinaria” y que ha solicitado los permisos correspondientes cuando ha necesitado realizar cualquier actuación concreta que se escapa de la propia construcción. En este sentido, los responsables de la construcción aseguran que están abiertos al diálogo con el Ayuntamiento y anuncian que se buscarán soluciones y un acuerdo beneficioso para la ciudad.
Hace unos días, la Sagrada Família envió un comunicado defendiendo el proyecto constructivo y asegurando que se hace en función de los planos y documentos que dejó en su día Antoni Gaudí. Y añadió que se está trabajando para mejorar la vida de los vecinos y para que las visitas ocasionen las mínimas molestias.