Dinero pro referéndum
El Gabinete de Puigdemont empieza a trabajar en la preparación de la consulta
El Govern de Junts pel Sí está decidido a incluir en las cuentas del 2017 una partida presupuestaria destinada a la celebración de la consulta sobre la independencia.
Ni una semana después de que el pleno del Parlament aprobara, como principal conclusión del debate de política general, la celebración de un referéndum de independencia en septiembre del 2017 para culminar el proceso abierto el 27-S, el Govern ya se ha puesto manos a la obra. Más allá de la preparación de las estructuras de Estado y de la redacción de ley de transitoriedad jurídica que está en curso, el Gabinete de Carles Puigdemont está trabajando específicamente en dos frentes relacionados con la mecánica de la consulta: los presupuestos del próximo ejercicio y la ley del voto electrónico.
Las cuentas del 2017 continúan en pleno proceso de negociación con la CUP y la previsión es que incluyan una partida para el referéndum. “Los presupuestos tienen que responder y ser coherentes con los mandatos de la legislatura aprobados en el Parlament, y en la medida en que el referéndum es un mandato del Parlament es evidente que habrá que articular, desde una vertiente presupuestaria, cómo hacerlo efectivo”, admitió ayer la consellera de Presidència, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern. “Los presupuestos tendrán que habilitar todos los recursos necesarios para llevar a cabo las prioridades que nos hemos fijado en este legislatura y que son la política social, las estructuras de Estado y el referéndum”, recalcó, aunque sin entrar en más detalles.
Con qué epígrafe se presentará la partida y con qué cantidad estará dotada es lo que se acabará de concretar en la negociación entre el Departament d’Economia y la CUP, que fue quien precisamente solicitó que figurara en los presupuestos del próximo año. Una presencia a la que el Govern se ha mostrado en todo momento abierto y que, en todo caso, se prevé polémica, porque, de confirmarse, el PP ya ha anunciado también que promovería su impugnación ante el Tribunal Constitucional. “Las negociaciones de los presupuestodo tos están abiertas, estamos convencidos de que fructificarán y la voluntad es que puedan cerrarse cuanto antes mejor”, se limitó a subrayar la portavoz del Govern, al que le gustaría poder llevar el proyecto de cuentas del 2017 al Parlament en noviembre para poder aprobarlo definitivamente antes de que finalice el año.
Con la celebración del referéndum guarda relación también el anteproyecto de ley del procedimiento de votación electrónica para los catalanes residentes en el extranjero, que aprobó asimismo ayer el Govern. El objetivo de esta nueva ley, preparada por el departamento de Governació, es facilitar que los catalanes que viven en el exterior puedan participar con plena normalidad en todos los procesos electorales propios de Catalunya y evitar la situación que se produjo en los comicios del 27-S, en los que sólo 14.781 de los 196.065 censados pudieron votar a causa de las dificultades del sistema y de las trabas que se pusieron desde el Gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La ley regulará exclusivamente el sistema de votación electrónica, complementario del resto de sistemas actualmente en funcionamiento –el resto del proceso electoral se seguirá rigiendo por la normativa española mientras no exista una ley catalana–, y se fundamentará en la facultad que establece el Estatut de articular un régimen electoral propio, bien de forma general bien de forma parcial. La idea es desarrollar un mé- que ya funciona con normalidad en otros países del mundo, como Francia, Suiza o Estonia por ejemplo, y que respeta y garantiza todos los principios democráticos relacionados con la libertad de voto, la privacidad, la inalterabilidad o su carácter secreto. Un sistema que lleva incorporados, además, mecanismos de seguridad para asegurar que se emite un solo voto por persona, la autenticación del elector, la transparencia y la objetividad del escrutinio y el carácter público de todo el procedimiento.
El proceso de voto electrónico, una vez la ley entre en vigor tras ser aprobada por el pleno del Parlament, consistirá en que los residentes en el exterior, después de la convocatoria a las urnas correspondiente –el referéndum, las elecciones catalanas...–, podrán escoger votar por medios electrónicos y, en este caso, tendrán que registrarse en un portal de internet habilitado para la ocasión que, una vez validada la identidad, les hará llegar las credenciales para votar de forma segura. Y la votación, a través de una plataforma de voto por internet, podrá llevarse a cabo con un ordenador, una tableta o un teléfono móvil durante el periodo de voto por correo desde el extranjero y, una vez hecho, el voto permanecerá custodiado en una urna electrónica hasta el día del escrutinio general.
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