Educación catalana
Carme Riera aborda en este artículo la baja inversión en educación en Catalunya en un artículo titulado “¿Laos y no Finlandia?”. “Me parece paradójico que quienes controlan hoy la Administración autonómica que dedica a educación ese pobre tanto por ciento sean los mismos que aboguen por la independencia y hayan establecido ya su unilateral proclamación para septiembre del 2017. No lo entiendo porque considero, y en eso coincido con los independentistas, que el principal activo de ese nuevo Estado es su gente”.
La Vanguardia del miércoles 5 de octubre publicó en la portada un titular de los que podríamos considerar sensacionalistas: “El gasto en educación en Catalunya está a nivel de Laos”. Confieso, de entrada, que la noticia así de escueta me causó y me sigue causando incredulidad y estupor. Aunque de Laos sé muy poco, lo considero un país tercermundista, al que se escapó Roldán, aquel prodigio de director general de la Guardia civil que aseguraba en su currículum haber estudiado no sé cuántas carreras, cuando parece que ni siquiera había empezado ninguna.
El titular al que acabo de hacer referencia remite a una extensa entrevista de Carina Farreras a Josep Maria Vilalta, secretario de la Associació Catalana de Universitats Públiques y coordinador del Anuari Bofill, dedicado a Els reptes de l’educació a Catalunya 2015, en la que Vilalta remacha el clavo con dos ejemplos más: “El nivel del gasto en educación con respecto al PIB en Catalunya es comparable al de Perú, Laos o Guatemala”. Y ofrece números contrastados: Catalunya destina a educación el 2,8% del PIB, por debajo de lo que se aplica en el resto del Estado y casi la mitad de lo que dedica la OCDE, el 5,6%, o la UE, el 5,25%. La inversión pública en educación en Catalunya es la más baja de Europa.
Vilalta se apoya para ofrecernos estos datos en el estudio encargado por la Fundació Bofill y elaborado por una veintena de expertos, personas respetables, no sospechosas de ser enemigas de Catalunya ni del Govern catalán. Tampoco, por lo que parece, están a sueldo de los nacionalistas españoles ni han recibido órdenes de los separadores de Madrid para extraer unas conclusiones tan poco atractivas que ponen en entredicho la Administración autonómica, incapaz de priorizar sus partidas presupuestarias. Es posible que la excusa para no hacerlo sea la de siempre: lo que devuelve Madrid a los esquilmados catalanes es una miseria y una estafa. En consecuencia, la independencia es imprescindible para poder acabar con situaciones como esta.
Me parece paradójico que quienes controlan hoy la Administración autonómica que dedica a educación ese pobre tanto por ciento sean los mismos que aboguen por la independencia y hayan establecido ya su unilateral proclamación para septiembre del 2017. No lo entiendo porque considero, y en eso coincido con los independentistas, que el principal activo de ese nuevo Estado es su gente. Pero para que ese nuevo país pudiera llegar a funcionar un poco mejor que Laos, pongamos por caso, hace falta algo más que convocar consejos nacionales de notables y expertos para preparar un marco legal o tener ya precocinadas las estructuras de Estado como se nos advierte de continuo. Hacen falta ciudadanos educados, ciudadanos responsables y me temo que con ese miserable 2,8% del PIB destinado a educación muchos de los jóvenes, en los que se debería depositar la esperanza de esa nueva Catalunya feliz, limpia, próspera y rica del futuro, de esa nueva nación separada ¡por fin! de la corrupta, miserable, desnortada e ingobernable España, no tendrán más que una formación escasa o irrelevante. La educación, la escuela, no sólo sirve para dotar a los futuros ciudadanos de unos conocimientos básicos imprescindibles para andar por el mundo sino que es una herramienta clave para aprender derechos y deberes, normas de convivencia fundamentales para la tolerancia y el entendimiento necesario para la vida en común.
El informe de la Fundació Bofill, que puede descargarse de internet, trata de dar soluciones al problema y ofrece doce medidas necesarias para enmendar las deficiencias educativas en Catalunya. La principal, como casi siempre, es económica. Va más allá del interés y de la buena voluntad de muchos docentes preocupados por la educación, que día a día en institutos y escuelas aportan bastante más que su grano de arena a las tareas educativas y luchan a brazo partido por la integración de los niños procedentes de otros países o tratan de duplicar esfuerzos para evitar el abandono escolar, mucho más frecuente entre el sector de la población más desfavorecida de lo que pudiéramos imaginar.
La medida principal consiste en duplicar la inversión pública actual en educación, eso supone 5.026 millones de euros adicionales hasta llegar a un presupuesto adecuado de 10.800 millones para igualarnos a la media europea. Sólo así se llegaría al buen puerto deseado, incentivando la equidad, la cualidad y la innovación.
Los países del norte de Europa a los que los dirigentes catalanes de Junts pel Sí y Esquerra Republicana suelen referirse como ejemplo, pese al importante pequeño detalle de que casi todos tienen la monarquía como forma de gobierno y no la república, han optado por considerar que la educación es prioritaria. No me cabe en la cabeza que quienes abogan por la independencia no acepten como fundamental esa prioridad. Si el ejemplo es Laos y no Finlandia, algo huele a podrido y no precisamente en Dinamarca.
No me cabe en la cabeza que quienes abogan por la independencia no prioricen la educación