El TC asume la competencia para suspender a políticos
Adela Asúa dimite como ponente del fallo, al estimar inconstitucional la medida
El Tribunal Constitucional avalará –con discrepancias internas– la reforma legal que le permite suspender a aquellos cargos electos que incumplan sus resoluciones.
El Tribunal Constitucional (TC) va a declarar plenamente acorde con la Constitución la reforma legal que le otorgó capacidad coercitiva y sancionadora contra los cargos públicos que incumplan sus órdenes y sus sentencias. Con esta decisión, el TC va a asumir, por tanto, dichas funciones, lo que le permitirá suspender a políticos y apartarlos de sus responsabilidades si lo cree necesario para conseguir que se lleven a cabo sus resoluciones.
La gestación de la sentencia del Constitucional sobre la ley que impulsaron el Gobierno y el PP para reforzar la autoridad de los magistrados ha sido dificultosa. La ponente de la resolución, la magistrada vasca Adela Asúa, vicepresidenta del Constitucional, ha renunciado a esa responsabilidad, al haber quedado en minoría en el seno de la institución.
El aval del TC a este tipo de medidas no implica que hayan de aplicarse inmediatamente. Lo relevante es que, en cuanto dicte sentencia sobre esta cuestión, el TC podrá disponer sin reservas de esta atribución –que habrá declarado constitucional– para garantizar que sus decisiones se atienden y ejecutan.
El Constitucional pensó inicialmente resolver sobre la reforma de su ley antes de decidir sobre qué medidas tomar en torno a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, a la que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía General han acusado de desobedecer al propio TC.
Dicha presunta desobediencia se habría producido al permitir que se debatieran y votaran en la Cámara catalana las conclusiones para fijar la hoja de ruta de la ruptura con España. Todo ello condujo a la presentación de una querella elaborada por la Fiscalía del Estado, presentada ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que la admitió a trámite el pasado día 25. En breve, puede ampliarse esta acusación o presentarse otra querella, ya que el Gobierno ha interpuesto otro recurso contra la votación del Parlament del pasado día 6 sobre la misma materia, es decir, sobre los planes de ruptura con el Estado presentados por las fuerzas soberanistas. Y ante tal hipótesis, cabría que se interesara del TC la aplicación de sus nuevas competencias, ya asumidas y avaladas por los magistrados, para suspender directamente a los cargos públicos que estimara que han incurrido en desobediencia.
Adela Asúa, a su vez, había elaborado un proyecto de sentencia en el que se declaraba contraria a la Constitución precisamente la regulación de las nuevas competencias del TC para que pueda suspender a políticos en el ejercicio de sus cargos. En el pleno que celebró el Constitucional durante la primera semana de octubre, la vicepresidenta presentó y defendió su texto, inicialmente apoyado por los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol. Asúa pudo comprobar, en suma, que sus tesis quedaban en minoría entre los integrantes de la institución. La ponencia de Asúa no sólo recibió comentarios y aportaciones para perfilar mejor sus argumentos, sino que contó con una auténtica enmienda de fondo por parte de la mayoría del TC, de signo conservador.
En diversa materia, el alineamiento de los miembros del Constitucional ha desdibujado sus perfiles de procedencia, permitiendo que conservadores y progresistas
LA PONENCIA INICIAL Adela Asúa proponía declarar contrario a la Constitución que el TC aparte a políticos EL RESULTADO DEL DEBATE La mayoría se decidió por redactar otro fallo que permita asumir funciones coercitivas
EL PASO SIGUIENTE Un nuevo ponente, el conservador Pedro Trevijano, redactará la sentencia definitiva LOS DISCREPANTES Asúa hará un voto particular en contra, apoyada por los jueces Xiol y Valdés Dal-Ré LOS EJES DE LA DISCUSIÓN El TC debatió si asume funciones del Gobierno sobre el artículo 155 de la Constitución
cruzaran sus apoyos. Pero esta vez no fue así. La primera deliberación en el pleno sirvió para constatar que Asúa –catedrática de Derecho Penal en Deusto– no conseguiría expulsar del ordenamiento jurídico la norma que permitirá al TC suspender a políticos.
El TC acordó, en suma, que debía redactarse un nuevo proyecto de sentencia, en sentido opuesto al que había elaborado su vicepresidenta. Asúa tenía ante ello dos opciones. Permanecer como ponente y asumir la redacción del texto, para luego dejar clara su postura formulando en paralelo un voto particular en contra, o dimitir y abandonar la ponencia. Y ha preferido hacer esto último.
La primera opción es relativamente frecuente en el TC. Es decir, un magistrado puede seguir como ponente de una resolución con la que está disconforme, y mantener la labor de confección de la sentencia, asumiendo el encargo y la posición mayoritaria del pleno, aunque no la comparta. Muchas veces se hace así, aunque parezca un contrasentido con la formulación del voto particular en contra. Asúa, en cambio, ha dejado su labor como ponente porque el criterio dominante en el pleno no entrañaba una discrepancia parcial con sus tesis, sino radicalmente contraria.
La resolución sobre las nuevas atribuciones sancionadoras del TC tendrá, por tanto, un nuevo ponente. Se trata del magistrado Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y perteneciente al sector conservador de la institución.
El desbloqueo del debate sobre las nuevas competencias sancionadoras del TC permite despejar incógnitas sobre el recorrido que pueda tener esta nueva arma legal en manos de los magistrados para hacer cumplir sus sentencias. En su día, el PSOE se opuso frontalmente a dicha reforma y anunció un recurso de inconstitucionalidad. Pero luego no lo presentó, ante la evolución del proceso soberanista en Catalunya y la proximidad de las elecciones generales celebradas en diciembre del año pasado. Quienes sí recurrieron fueron la Generalitat y el gobierno vasco. En los recursos se cuestionaba que el Constitucional asuma competencias que en cierto modo le trasladan la responsabilidad que la propia Carta Magna concede al gobierno para la suspensión de competencias autonómicas en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los sectores más críticos con la reforma que ahora va a fallar el TC siempre criticaron que se vuelque en esta institución una responsabilidad que debe permanecer en manos del Ejecutivo. Ese traslado de atribuciones –se añadía en tales foros– obedecería a la voluntad del gobierno de ahorrarse el coste político que pudiera suponer la suspensión de un cargo público. Pero este debate está a punto de quedar para la historia. Lo inminente es que el Constitucional va a contar dentro de pocos días con una competencia de actuación directa sobre los cargos públicos, inexistente hasta ahora y de gran repercusión, en caso de llegar a aplicarse.