El fraude energético, un fenómeno a combatir
Las conexiones irregulares a la red o la manipulación de contadores suponen un riesgo para quien las ejecuta y para todas las personas de alrededor de la instalación
El Ayuntamiento de Lloret ordenó el pasado mes de septiembre el cierre de dos hoteles por obtener la luz conectándose de forma ilegal a un centro de transformación que la compañía eléctrica tiene en la vía pública. En la localidad vecina de Blanes tres campings y dos restaurantes han sido recientemente denunciados por fraude eléctrico. En Madrid, hace aproximadamente un año, varios agentes de la Policía Nacional detuvieron a una red dedicada a la manipulación fraudulenta de contadores de gas. En total, 29 detenidos acusados de delitos de defraudación de fluidos y de riesgo contra la seguridad colectiva.
El fraude en el suministro energético es una práctica que nos afecta a todos de una manera muy directa y si bien no es un fenómeno reciente, sí podemos afirmar, según destaca un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en los últimos años se está asistiendo a un aumento de la notoriedad y a una profesionalización, habiendo proliferado en algunos casos el fraude organizado.
Quién defrauda Si bien no hay un perfil tipo de defraudador, lo que simplificaría enormemente la lucha contra el fraude, sí hay algo en común tan- to en el suministro de gas natural como en el de electricidad: la mayor parte del fraude energético no corresponde a usuarios domésticos que puedan vivir situaciones de pobreza energética, sino a empresas. Según datos facilitados por Endesa, y contrariamente a lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos, mientras que el 96% del fraude eléctrico es imputable a empresas y grandes consumidores.
El fraude energético que cometen estas empresas, además, representa una acción de competencia desleal frente a otras empresas del mismo sector que, actuando dentro de la legalidad, sí pagan sus recibos energéticos, y, adicionalmente, tienen que abonar los de sus competidores.
Lo pagamos todos Según la legislación vigente, las pérdidas de electricidad y gas natural derivadas del fraude energético las pagamos entre todos los consumidores que, cumpliendo con nuestras obligaciones, pagamos nuestros recibos, ya que se aplica un sobreprecio en los mismos. Dicho de otra manera, lo que defraudan algunos, lo pagamos el resto de los consumidores en nuestras facturas. Y no
es precisamente una cantidad menor. Cada año, el fraude provoca un sobreprecio del recibo de decenas de millones de euros. En 2015, por ejemplo, el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
No pagar la energía perjudica, sobre todo, a los más débiles. En el caso de la electricidad, los clientes más vulnerables tienen que pagar en el recibo el sobrecoste que suponen las pérdidas por el fraude. Además, el sistema recibe menos ingresos para financiar partidas como el bono social, destinado a los usuarios con menos recursos. En el caso del gas natural, por cada 100 euros de fraude, se deja de pagar 39 euros de peajes, lo que se traduce en déficit del sistema que debe ser abonado por todos los consumidores con subidas posteriores de los peajes. Asimismo, también se deja de pagar otros 39 euros de energía, lo que incrementa las pérdidas y se traduce en un mayor coste de la energía para las comercializadoras, que finalmente trasladan a los consumidores.
Consecuencias en la seguridad Las conexiones irregulares a la red o la manipulación de contadores para alterar el consumo reflejado después en las facturas son un delito tipificado en los artículos 255 y 623.4 del Código Penal, castigado con una
La mayor parte del fraude energético lo cometen las empresas y los grandes consumidores
multa de entre cuatro días a 12 meses, en función de la cantidad defraudada.
Estas actividades fraudulentas, además de ser un delito, son peligrosas y ponen en riesgo a quien las ejecuta, a todas las personas que viven o conviven alrededor de la instalación pinchada, a los operarios eléctricos y gasistas y a la propia instalación energética.
En el caso de la electricidad, engancharse a la red eléctrica ilegalmente puede provocar averías y cortes de suministro en las instalaciones particulares del defraudador y generales de un edificio de viviendas, sin olvidar que los enganches directos a la red, en los que la energía no pasa por el contador, ponen en riesgo la instalación de todo el edificio, que puede sufrir un cortocircuito.
Además, el consumo incontrolado de los defraudadores pone en riesgo la propia red eléctrica, que está dimensionada para una potencia contratada determinada.
Los cuartos de contadores son otro de los principales focos de peligro. La manipulación irregular de un equipo de medida puede provocar descargas eléctricas, y son relativamente frecuentes los incendios. En los últimos años se han producido numerosos incendios en cuartos de contadores debido al fraude energético, generando un evidente peligro para los residentes en dichos edificios. En cuanto al gas natural, engancharse ilegalmente a la red de distribución pone en riesgo tanto a los defraudadores, como al resto de ciudadanos. El gas natural cuenta con una regulación técnica muy estricta a la hora de actuar sobre la red general o las instalaciones particulares, por lo que cualquier modificación incorrecta puede tener graves consecuencias.
Todos estos riesgos derivados de las conexiones irregulares y la manipulación de los contadores causan todos los años accidentes graves y víctimas mortales. Además, en caso de incidente o siniestro, si la aseguradora del hogar detecta cualquier indicio de manipulación o fraude puede anular el seguro, por lo que la vivienda no tendría cobertura.