Una jugada maliciosa
La decisión del gobierno de Barcelona de solicitar a la Generalitat la máxima protección para el entorno de la murallas de las Drassanes, a fin de evitar la construcción de un hotel al sur del Raval, es una de las maniobras más ingeniosas perpetradas por una administración con el propósito de obstaculizar un proyecto que cuenta con todos los avales necesarios, incluidos los del propio Ayuntamiento. Dudo de que, de repente, las autoridades locales se hayan contagiado de una fiebre conservacionista y de revalorización del patrimonio histórico que no acierto a ver en otros puntos de la ciudad. Y mucho me temo que la vieja muralla medieval, en cuyo interior todavía pervive, incrustado literalmente en ella, un equipamiento sociosanitario (la sala de venopunción Baluard), despierte súbitamente tanto amor como para ampliar el perímetro de protección al otro lado del portal de Santa Madrona. Es más, sospecho que si fuera necesario, para impedir la apertura de un nuevo establecimiento hotelero en el barrio, que en definitiva de eso se trata, los responsables municipales serían capaces de pedir la ampliación del airbag de la muralla a la otra punta del Raval, hasta la plaza Catalunya si hiciera falta.
En más de una ocasión me he referido en este espacio a la obligación que parece haberse autoimpuesto el gobierno de los comunes de ir alimentando un discurso que, más que afirmar, sugiere o insinúa que el turismo es una actividad intrínsecamente nociva; un discurso que dirige el dedo acusador sobre todo hacia los hoteles, ignorando de forma deliberada los efectos positivos que la apertura de equipamientos de este tipo ha tenido para zonas especialmente degradadas de la ciudad. En este episodio concreto, como en otros muchos, el Ayuntamiento actúa movido por la necesidad de satisfacer una presión vecinal difícil de evaluar. Pero es que, además, en el caso del hotel de Drassanes, se puede intuir otra jugada maliciosa. Con la petición a la Generalitat para que proteja el entorno de la muralla, el Ayuntamiento de Barcelona pretendía pasar la patata caliente a la Administración catalana, darle una asistencia envenenada. Venía a decir a la opinión pública, en general, y a los críticos del proyecto, en particular, que si el hotel acabara construyéndose, la culpa sería del vecino de enfrente. Como era de esperar, el conseller Santi Vila ha rechazado la propuesta. Si el Govern hubiera decidido atender la petición del Ayuntamiento, hubiera abierto la puerta de par en par a los promotores del proyecto para reclamarle indemnizaciones. Ahora, el Consistorio ya sabe a qué atenerse: o utiliza sus propios instrumentos para cambiar el planeamiento urbanístico y redacta un nuevo plan especial, asumiendo así el elevado coste económico de la penalización, o sostiene la pancarta con los contrarios al proyecto y se pone al frente de la manifestación, un alternativa que sale gratis en términos financieros y también políticos.
En el caso del hotel de Drassanes, el Ayuntamiento ha intentado pasar la patata caliente a la Generalitat