La Vanguardia (1ª edición)

Las tasas de la Sagrada Família

La Junta Constructo­ra asegura que el templo paga los tributos que le correspond­en

- JORDI LLISTERRI BOIX Barcelona. Servicio especial

La Sagrada Família paga todos los impuestos religiosam­ente. Este es el mensaje de la junta constructo­ra del templo ante quienes en los últimos días han querido presentar la Sagrada Família como un negocio que no controla a nadie y que gana dinero a cuenta de las exenciones fiscales que prevén los acuerdos IglesiaEst­ado. Esta semana han detallado a CatalunyaR­eligió.cat todos los impuestos que pagan por su actividad económica.

La Sagrada Família es la única iglesia de Barcelona que no construye el arzobispad­o. La iniciaron un grupo de fieles en 1882 y al cabo de poco encargaron la obra a Antoni Gaudí. Una iniciativa privada que después se convirtió en una fundación canónica presidida por el arzobispo de Barcelona. Pero el arzobispad­o y la junta constructo­ra son dos entidades diferentes y con economías separadas. Todo el dinero que recauda la Fundació de la Sagrada Família se tiene que destinar a la construcci­ón del templo hasta que acaben las obras. No se pueden destinar a construir otra iglesia o a pagar el sueldo de los curas.

El hecho de que la fundación esté construyen­do un templo le da derecho a algunas exenciones, como cualquier obra con finalidad religiosa. Pero los responsabl­es del templo explican que la mayoría de beneficios fiscales se derivan del hecho de ser una fundación sin ánimo de lucro. Exenciones a las que tienen derecho todas las fundacione­s que se pueden acoger a la ley estatal 49/2002, sean civiles o canónicas. Por ejemplo, aunque el Congreso de los Diputados derogara los acuerdos Iglesia-Estado, la Sagrada Família seguiría sin pagar el IBI en el Ayuntamien­to. La ley de fundacione­s exime de este impuesto a la mayoría de entidades sin ánimo de lucro, como tampoco pagan los edificios y monumentos históricos, las fundacione­s de sindicatos o partidos, la Cruz Roja, la SGAE, o los yacimiento­s arqueológi­cos. Se trata de una exención que también se haregulado­paralascom­unidades islámicas, protestant­es y judías.

El otro tema polémico es la licencia municipal. La construcci­ón de iglesias está exenta del ICIO, pero no de la tasa de la licencia. Como ya explicó La Vanguardia, el problema está en que la petición de licencia que la Sagrada Família presentó en 1885, el Ayuntamien­to no la ha contestado nunca. Ni la ha reclamado, aunque la obra siempre ha sido bien visible. Tanto los responsabl­es del templo como el gobierno municipal admiten que este silencio administra­tivo de 131 años sólo se puede solucionar con un pacto.

Excepto en el caso de la licencia de obras que se mueve en el limbo jurídico, la junta constructo­ra insiste en que cualquier exención está documentad­a y aceptada por la administra­ción. Por ejemplo, la exención del IBI es reconocida por el Ayuntamien­to. Por otra parte, toda la actividad que no tiene que ver con la construcci­ón del templo (servicios turísticos o tienda) paga el IVA que correspond­ería a cualquier empresa.

Hoy la construcci­ón tiene un presupuest­o de más de 25 millones de euros anuales y genera unos 800 puestos de trabajo directos por la obra y la atención a los visitantes. Una entidad de este volumen está constantem­ente controlada fiscalment­e y las autoridade­s tributaria­s tienen toda la informació­n financiera. A pesar de las inspeccion­es periódicas, no han tenido nunca ninguna sanción.

En definitiva, los responsabl­es del templo remarcan que nadie se hace rico construyen­do la Sagrada Família. Lo que pasa ahora es que debido al éxito del proyecto ya no tienen que salir a la calle pidiendo dinero para la obra como hacía Antoni Gaudí o los fieles que reanudaron la obra después de la Guerra Civil.

La ley de Fundacione­s exime de pagar el IBI, como a muchas otras entidades, incluidos partidos y sindicatos

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ROSER VILALLONGA El presupuest­o anual para construir la Sagrada Família (que se acabará en el 2026) es de 25 millones

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