La patata caliente del presupuesto
El auténtico sapo que atragantará las gargantas de los diputados socialistas que se abstuvieron ayer en la votación de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno aún está en gestación. Se trata de los presupuestos generales del Estado para el año próximo y su elaboración que debe considerarse obra delicada.
Quizás por eso, por tratarse de un tema espinoso que condicionará la existencia e incluso la duración del próximo Gobierno, y la mala vida de la oposición socialista, los portavoces de las tres fuerzas principalmente implicadas en el desenlace de la investidura, pasaron de puntillas por ese auténtico marrón de la legislatura. Rajoy, un práctico sin complejos, despachó burocráticamente el asunto remitiendo a los interesados al acta de sesiones del debate anterior, el de finales de agosto en el que hizo una referencia genérica a las medidas pactadas con Ciudadanos. Tal vez así, si no se les menta la bicha, pudo ser el cálculo, el trámite será más llevadero.
El socialista Antonio Hernando, el nuevo Bruto de la política española, enumeró una deslavazada retahíla de medidas de gasto (extensión del subsidio de desempleo, rebaja del IVA cultural, supresión limitada del copago farmacéutico, igualdad salarial de género, subida del salario mínimo y revitalización del pacto de Toledo sobre pensiones) que no se puede considerar un programa de política económica o presupuestaria. De ninguna manera sirvió para hacerse una idea de por dónde irá la oposición del grupo socialista en asuntos económicos y presupuestarios. Una indicación de que el interés estará más escorado hacia el nuevo modelo de financiación autonómica, no en balde son los barones territoriales, con Susana Díaz al frente, los que gobiernan el timón del zarandeado buque socialista.
Quién más se animó fue Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. Recordó sus 150 medidas, hizo cálculos con sus propuestas de gastos y aumento de ingresos y repiqueteó la idea de que “ahora no vale subir el IRPF y el IVA otra vez”.
No logró que Rajoy bajara a la arena. El presidente concedió que “no podemos en esta legislatura” subir esos impuestos, para a renglón sembrar la duda: “Vamos a ver cuál es la evolución de la recaudación a lo largo de lo que resta de año”. A muchos les recordó la promesa electoral del 2011 de no subir impuestos, inmediatamente olvidada al llegar al Gobierno con la subida del de la renta, rematada después con el polémico aumento del IVA. El episodio que más tensión creó en el equipo económico, entre Cristóbal Montoro, Hacienda y Administraciones Públicas, y Luis de Guindos, Economía y Competitividad.
En fin, el culebrón presupuestario es la primera tarea del nuevo Gobierno. De entrada, en una de sus primeras reuniones, deberá abordar la propuesta del ministro de Hacienda del denominado techo o límite de gasto no financiero del Estado para el año que viene, cálculo que implica haber efectuado previamente una previsión sobre los ingresos. Antes, el ministro deberá haberse reunido con los presidentes autonómicos y las administraciones locales.
Sobre el papel, el déficit del 2017 no debería rebasar el 3,1% del producto interior bruto (PIB), lo que la economía genera en un año. Teóricamente también, este año 2016 no deberá superar el 4,6%. La diferencia entre un porcentaje y otro es, redondeando, de unos 15.000 millones de euros. Descuadre entre ingresos y gastos que el Estado debería reducir para que en Bruselas se olviden de multas y retiradas de fondos.
Hasta ahora, el Gobierno, por boca de Luis de Guindos, ha manifestado que 10.000 millones se obtendrían de la mejora del ciclo económico, es decir de un crecimiento superior al previsto, lo que dejaría los ajustes (recortes o aumentos de impuestos) en unos 5.000 millones. En fuentes próximas a Hacienda incluso hacen cálculos más optimistas, pues a la vista de la evolución de la recaudación creen que las cuentas saldrán mejor y, por tanto, los ingresos serán mayores y los gastos menores, especialmente los relacionados con el desempleo y las ayudas sociales.
Pero la Comisión Europea, el comisario de Asuntos económicos, Pierre Moscovici, y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, no lo ven tan claro y piden medidas como la subida del IVA, recortes en partidas de gastos y mano dura con las comunidades autónomas.
Un tema vertebral, especialmente sensible para los socialistas, es el del déficit de la Seguridad Social, del orden de los 17.000 millones en el 2017. Si se mantiene la tendencia de ingresos y gastos, y a estas alturas será difícil de revertir, a finales del año próximo el fondo de reserva exhalará su último suspiro y no será trago de gusto para ninguna formación política aparecer implicada.
El PSOE defiende que las pensiones de viudedad y orfandad, unos 24.000 millones al año, pasen a ser sufragadas por un impuesto con cargo a los presupuestos. Eso cubriría el déficit, pero obviamente complicaría la vida presupuestaria y tampoco no sería del gusto de Bruselas.
Un cuadro complicado para el Gobierno y una oposición que no tiene en su mano forzar nuevas elecciones. Esperemos que por el camino no empiecen a subir los tipos de interés.
Los tres partidos implicados en la investidura han evitado explicar sus ideas sobre las cuentas del Estado