El PP recela del diálogo con Catalunya sobre financiación
Los barones populares se ponen en guardia contra un posible trato bilateral Rajoy tanteará un contacto inicial entre Sáenz de Santamaría y Junqueras
En la primavera de 2014, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citó en la Moncloa a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas entonces por el Partido Popular para pedirles su opinión sobre las reclamaciones que se le estaban haciendo desde Catalunya, que suponían una reforma de la Constitución para incluir una disposición adicional que contemplara el pacto fiscal, el blindaje de las competencias en educación y cultura y la capacidad de decidir a qué se destinaban las inversiones del Estado en Catalunya. Él era reticente a ese cambio constitucional, pero quería saber la opinión de los presidentes.
El primero en pedir la palabra en esa reunión, en la que también estaban la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el entonces presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que se mostró contundente: “Yo quiero lo mismo”. Y ese es el problema que se puede encontrar de nuevo Rajoy si plantea un trato específico para Catalunya en una futura negociación sobre la financiación autonómica.
Ya lo ha formulado en público el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que estaba en aquella reunión y que sigue siendo presidente, y que en su discurso de investidura, el martes, avisaba de que el nuevo sistema de financiación no debe diseñarse para satisfacer a Catalunya. Feijóo, en público, y los demás en privado –sigan en el Gobierno de las comunidades autónomas o en la oposición–, mantienen una postura unánime. Negociar sí, privilegios no.
Y es que el Gobierno quiere negociar con Catalunya la financiación autonómica. Es una decisión política aún sin concretar, pero Rajoy está dispuesto a abrir una vía de negociación entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para intentar llegar a acuerdos sobre financiación autonómica. El Gobierno considera la financiación autonómica un “campo de juego abierto”, aunque reconocen que “lleno de minas”.
Mariano Rajoy ya apuntó esta posibilidad en su discurso de investidura, cuando aludió al “reto más grave que tiene España en estos momentos y que afecta a su unidad, a la soberanía nacional y a la igualdad de todos los españoles”, es decir Catalunya. Y al respecto, el presidente se mostró “dispuesto a buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial”.
Las fuentes consultadas aseguran que existe esa predisposición a buscar en la formulación del nuevo sistema de financiación un enunciado que pueda satisfacer a Catalunya, pero también consi-
El Ejecutivo ofrecería una mejor financiación a cambio de un desistimiento de la hoja de ruta soberanista
deran que eso debería ir aparejado del desistimiento de los responsables de las instituciones catalanas de ahondar en la hoja de ruta soberanista. Se trataría, empleando el lenguaje que utilizó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante el acto en el que asumió las competencias de las administraciones territoriales, de buscar fórmulas imaginativas que permitan mejorar la financiación autonómica de Catalunya.
Eso sí, desde el Gobierno y el PP se le pone límites a esa vía de negociación: que “el diálogo acabe en acuerdo y en un acuerdo que no suponga la rebelión del resto de comunidades autónomas. Y esto puede producirse si al final Catalunya sale ganando, y lo hace en perjuicio de todas las demás”.
Eso es lo que se combatirá desde la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes: “El actual sistema se negoció de forma bilateral entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el tripartito de Catalunya, con el objetivo de beneficiar a Catalunya y Andalucía y perjudicar a las comunidades gobernadas entonces por el PP”. Y la presidenta actual de Madrid cree que le ha perjudicado y mucho. Como ejemplo, una cifra: en el 2016 Madrid va a recibir 1.383 millones menos de lo que reciben de media las comunidades para prestar la sanidad, educación y los servicios sociales. Además, “Madrid, siendo la región con mayor capacidad fiscal, acaba teniendo una financiación total por habitante ajustado e inferior a la media debido al efecto de reordenación provocado por los mecanismos de nivelación”. Otro ejemplo: si Madrid decidiera subir el tramo autonómico del IRPF, la recaudación adicional tendría como destino final otras comunidades autónomas, por los mecanismos de nivelación. No se trata tanto de que el Gobierno no pueda hablar con Catalunya de financiación. “Eso se ha hecho siempre”, recuerda el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, sino de que no haya privilegios. El PP de Andalucía cree que hay que mejorar el modelo de financiación para que todas las comunidades reciban más, pero, como plantea Madrid, si se establece un mecanismo, que no vaya en menoscabo de otras autonomías. “No sería entendible que el
LAS EXIGENCIAS DE LOS BARONES “Yo quiero lo mismo”, le dicen a Rajoy cuando plantea concesiones a Catalunya
chantaje beneficiara a otra comunidad autónoma”. El líder del PP andaluz espera poder ir de la mano con la presidenta andaluza, Susana Díaz, para defender esos principios en el futuro sistema de financiación. “Que haya diálogo o negociación entre Catalunya y el Estado no nos preocupa, pero que en los mecanismos de financiación haya bilateralidad, sí”.
De la mano irá la presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, con el presidente valenciano Ximo Puig, que también reclama una mejora de la financiación de su comunidad, que salió perjudicada en el sistema en vigor pactado entre el Gobierno de Zapatero y Catalunya. Y lo mismo opina el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que considera que “el nuevo modelo debe nacer del consenso de las distintas comunidades autónomas y el Estado, en el marco de un diálogo multilateral, con lealtad institucional y sentido de estado” y debe “asegurar los recursos suficientes para la sostenibilidad financiera de todas las comunidades autónomas”. A su juicio, el nuevo modelo debe partir de un “criterio claro de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas y asegurar estos recursos a todas por igual”.
Por su parte, la presidenta del PP de Aragón y expresidenta de la Diputación General, Luisa Fernanda Rudí, considera que el problema se encontrará, como siempre, en las diferencias que hay entre comunidades autónomas. Así, mientras unas defienden que prime la población, otras tienen el problema del envejecimiento y la dispersión, de manera que Valencia, Murcia, Andalucía y Catalunya irán por un lado, y por otro estarán Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Sin embargo desde el Gobierno se considera que con imaginación es posible encontrar fórmulas, como se encontraron en el actual sistema, en el que se crearon multitud de fondos para contentar a todas las autonomías: un fondo para las más ricas, otro para las más pobres, otro para las más pobladas, otro para las más despobladas, aseguran. Lo que sí tienen claro es una cosa: “Para forjar un acuerdo, todos tienen que ganar más” y ahora hay más dinero que durante toda la legislatura, aunque “todavía no estamos al nivel del 2007”.
LAS ÚLTIMAS ADVERTENCIAS El gallego Feijóo resumió la postura general: “Negociar, sí; privilegios, no” DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES Unas quieren que prime la población; otras, la superficie y el envejecimiento