Rusia abandona la Corte Penal Internacional
La postura de la CPI sobre Georgia y Crimea disgusta a Moscú
Descontenta y temerosa con sus decisiones, Rusia llevaba 16 años aplazando la aceptación completa de la Corte Penal Internacional (CPI). El martes la fiscal de ese tribunal declaró que la incorporación de Crimea a Rusia equivale a una acción militar entre Rusia y Ucrania, lo que precipitó la decisión que ayer tomó el Kremlin: abandonar el estatuto de Roma, con el que se formó la CPI.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, decidió “aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Investigación de la Federación Rusa, de informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no participar en el estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional”, dice el texto difundido por el Kremlin.
Con esta decisión, Rusia se sitúa definitivamente fuera de la jurisdicción de ese tribunal. Eso significa que ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado en La Haya por crímenes de guerra o genocidio, a no ser que medie una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU, un organismo en el que Moscú tiene derecho de veto.
Según el Gobierno ruso, su decisión está justificada por la “falta de independencia” y la poca eficacia de la CPI. El Ministerio de Exteriores ruso aseguró que el funcionamiento de este órgano internacional ha causado decepción en el país. “La Corte Penal Internacional no ha cumplido con las expectativas y no ha logrado convertirse en un órgano de justicia verdaderamente independiente y prestigioso”, aseveró ayer en un comunicado.
La cancillería rusa señaló también que la CPI ha funcionado durante 14 años, en los cuales sólo ha emitido cuatro fallos y ha costado mil millones de dólares.
La prensa rusa ha criticado esta semana un informe de la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, en el que afirma que “la situación en Crimea y Sebastopol equivale a un conflicto armado entre Ucrania y la Federación Rusa. Dicho conflicto armado comenzó antes del 26 de febrero (del 2014), cuando la Federación Rusa implicó a sus fuerzas armadas para controlar partes del territorio de Ucrania sin el permiso del gobierno ucraniano”. En Moscú no ha gustado que Rusia aparezca como agresor.
Rusia ya acusó de parcial a la CPI a comienzos de este año, después de que el 27 de enero diera permiso a su fiscalía para iniciar una investigación de los crímenes que pudiesen haberse cometido durante la corta guerra de agosto del 2008 entre Rusia y Georgia en la provincia rebelde de Osetia del Sur.
“El ataque del régimen de Mijaíl Saakashvili (entonces presidente georgiano) contra la pacífica Tsjinvali (capital de Osetia del Sur), el asesinato de miembros de las fuerzas de paz rusas, derivó en acusaciones de la CPI contra las milicias surosetas y los soldados rusos”, afirmó ayer el Ministerio de Exteriores ruso. Por el contrario, denuncia Moscú, “las acciones y órdenes de los cargos públicos georgianos se han dejado en manos de la justicia georgiana, fuera del ámbito de la fiscalía de la CPI. Difícilmente se puede hablar de confianza en la Corte Penal Internacional”.
El estatuto de Roma se adoptó el 17 de julio de 1998, aprovechando la experiencia de los tribunales internacionales para Yugoslavia y Ruanda. Entró en vigor el 1 de julio del 2002 y la CPI empezó a funcionar en el 2003. Rusia firmó el documento el año 2000, pero nunca lo ratificó, al contrario que 123 países. Ahora está fuera completamente de la CPI, igual que países como Estados Unidos, Israel o China.
Ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado en La Haya por crímenes de guerra o genocidio