El juez De la Mata cita por genocidio al secretario general del Polisario
El secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, ha sido citado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para que declare como investigado el próximo sábado. El magistrado le relaciona con supuestos delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones, que habrían sido cometidos contra la población saharaui disidente que buscó refugio y se estableció en los campamentos de Tinduf (Argelia). El juez de la Mata tomó la citada decisión al tener conocimiento de que Gali va a viajar mañana a España para asistir en Barcelona a una conferencia internacional de apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui.
La querella que ha dado origen a esta investigación fue admitida a trámite por el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en noviembre del 2012, cuando al frente de este órgano judicial se hallaba el juez Pablo Ruz, en comisión de servicios. La interpuso la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) y tres víctimas de la represión denunciada. Los querellados eran veintiocho miembros del Frente Polisario y algunos altos cargos del Gobierno de Argelia.
El secretario general del movimiento independentista saharaui es una de las veintiocho personas contra las que se dirigía la querella. Al tener conocimiento de su posible estancia en España, el juez De la Mata solicitó un informe a las fuerzas de seguridad del Estado para que confirmaran que Gali iba a estar en España entre el 17 y el 19 del presente mes. El magistrado solicitaba a la Policía que haga entrega al querellado de la “citación personal y copia de la querella”. En el 2014, el juez Ruz suspendió la toma de declaración como imputados de Gali y alguno más de los querellados, precisamente porque a la Audiencia no fue posible localizarles.
De hecho, este proceso judicial se ha archivado dos veces en los últimos cuatro años, antes las dificultades para obtener los datos de filiación y para identificar correctamente a las personas querelladas. En la denuncia inicial se denunciaba el trato sufrido en Tinduf “por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, a manos del Frente Polisario”. La asociación Asadedh aseguraba que cargos del Polisario retuvieron contra su voluntad a miles de saharauis en campamentos situados en territorio argelino, y señalaba que los hechos contaron con la complicidad de las autoridades locales.