Rearme contra la pobreza energética
El caso de la mujer fallecida en Reus lleva a administraciones y empresas a revisar las actuaciones ante los cortes de servicios
La muerte de Rosa, la anciana de Reus de 81 años a la que cortaron el suministro eléctrico por impago y falleció tras prender una vela, ha desatado una reacción en cadena. Mientras la lucha contra la pobreza energética se rearma, ayer siguieron los cruces de acusaciones entre las administraciones y Gas Natural Fenosa. Las primeras, con el Ayuntamiento de Reus al frente, reiteran que la compañía debería haber informado del corte del suministro, tal y como establece la ley 24/2015. Sin embargo, la compañía de servicios mantiene que la ley “no está en condiciones de ser aplicada” porque el Govern no ha aprobado su reglamento.
“Es urgente que las administraciones se coordinen clarificando cometidos y responsabilidades”, afirmó ayer Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, quien recordó que en marzo pasado el Parlament instó al Govern a aprobar el reglamento a través de un decreto “que a día de hoy no está aprobado”. Pese a ello, Villaseca explicó que en Catalunya “se ha desarrollado de forma proactiva un canal de comunicación directa con los servicios sociales municipales y hemos paralizado el corte a más de 9.000 hogares de 400 municipios”.
En el caso de Reus, Villaseca reiteró que desde el 2014 el Ayuntamiento les ha comunicado 150 casos de clientes vulnerables, “y sorprende y lamentamos que, desgraciadamente, el nombre de la fallecida no figurara en la lista, si los servicios sociales se estaban ocupando de ella desde el 2013”. Tras la tragedia, la compañía ha anunciado que no ejecutará ningún corte de suministro en Reus hasta que revise todos los casos de este municipio. “Colaboraremos de la forma más clara y decidida a la espera de la reglamentación definitiva, extremando aún más la atención y el celo”, afirmó Villaseca, que reiteró que la compañía firmará todo convenio “que ataque a la vulnerabilidad económica y que no perjudique a la empresa de manera técnica, económica ni procedimental”.
Ayer mismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya, Oriol Illa, presentó ante la sede de la eléctrica una propuesta de convenio de compromiso para evitar cortes de suministro de gas y electricidad a personas vulnerables “que la empresa se ha negado a firmar desde hace meses”. Illa ha pedido a Gas Natural que “asuma la consecuencia inhumana que es cortar los suministros”. El convenio está basado en parte en el documento que ya ha firmado el Govern y 13 empresas suministradoras de agua.
Illa aseguró que “Gas Natural tuvo, en el 2015, 1.502 millones de euros de beneficios y que 933 millones se destinaron a dividendos. Es una cuestión de justicia. Las compañías hasta ahora no han hede
Gas Natural asegura que no ejecutará cortes de suministro en Reus hasta que revise todos los casos
cho nada por los colectivos vulnerables; actúan con una impunidad total”. Y añadió que “si las administraciones hubieran sancionado de forma preventiva y con más intensidad, probablemente sería más difícil que se repitieran casos como el de Reus”. A raíz de este caso, el conseller Josep Baiget anunció que abrirá expediente sancionador contra Gas Natural “si se demuestra que no aplicó correctamente los protocolos”, y dio un plazo de cinco días a la empresa para que aportara toda la información sobre el corte de suministro.
En el Congreso, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea solicitó la comparecencia del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, y anunció que convocará manifestaciones este sábado, a las 12 horas. ante todas las oficinas de Gas Natural Fenosa “en repulsa” por esta muerte. Villaseca se mostró sorprendido por la petición de esta comparecencia: “Porque es un presidente no ejecutivo y se acaba de incorporar al cargo”.
Podemos también pedirá la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y del presidente de la patronal de las empresas energéticas (Unesa), Eduardo Montes, y las asociaciones Facua y la Alianza contra la Pobreza Energética. Y en el marco de la comisión de Industria, presentarán una proposición de ley que aborde la pobreza energética, un problema ante el cual “el Partido Popular ha tenido cero iniciativas” durante estos años, denunció la diputada En Comú Lucía Martín. Con ella coincidió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien añadió que “como ha habido un incumplimiento flagrante, sería esperable la máxima sanción posible, porque el resultado ha sido el peor posible: una vida humana”.
Cáritas Diocesana de Barcelona recordó ayer que invierte treinta veces más ahora que hace ocho años en pagar facturas de luz, agua y gas, lo que muestra que “la población se ha empobrecido, se ha hecho más vulnerable y el aumento del coste de la energía ha sido muy severo”, y pidió a la Generalitat que simplifique y agilice los protocolos para optar a una ayuda, ya que su tramitación es “compleja” y no llega a toda la población vulnerable.