El tiempo de la piedra

El tiempo de la piedra ha pasado”, afirman los máximos responsables de Cultura de Barcelona para justificar el derribo del teatro Arnau en lugar de emprender una rehabilitación para la que –dicen– no hay recursos. Y lo dicen, también, pocos meses después de rechazar que una parte de la aportación de 30 millones de euros que hace la Diputación se destinara al mencionado teatro, tal como propusimos. Desde Sijena hasta el teatro Arnau, las decisiones sobre el patrimonio tienen una dimensión social –política– innegable.

Esta expresión, llena de insensibilidad y de apariencia prepotente pero profundamente acomplejada de los responsables municipales, obedece a una razón de fondo nada negligible y, desgraciadamente, bien extendida: la poca consideración social del patrimonio histórico. En Catalunya las políticas patrimoniales no han avanzado, en los últimos años, como lo han hecho, por ejemplo, las medioambientales o las de igualdad de género. Han avanzado, es cierto, y sería injusto ignorarlo, pero no lo suficiente. Y los avances no siempre han ido acompañados de las necesarias estrategias de conservación, restauración e interpretación. La política patrimonial a menudo se confunde con la museística. Se coge una parte por el todo. Poner en valor el patrimonio de un país es enviar el mensaje de que respetamos la memoria de los que nos han precedido y del conjunto de elementos – a menudo complejos, como la misma sociedad – que nos han hecho ser como somos. Es una muestra de madurez colectiva saber valorar la importancia y un elemento pedagógico de primer orden para entender la evolución tanto histórica –civil, religiosa, militar, popular– como estética de la sociedad.

La sociedad ha de tener un papel clave en la preservación de nuestra historia. Es gracias a la gente sensibilizada del territorio, las entidades, los grupos de investigación locales, que hoy podemos disfrutar de todas estas cosas. La pérdida de los fondos de las fundaciones de las antiguas cajas de ahorros ha acentuado la fragilidad de las políticas patrimoniales. Pero las administraciones no pueden dimitir de su responsabilidad: dotar presupuestariamente las políticas patrimoniales. Si nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, la larga crisis, la práctica desaparición de la aplicación del 1% cultural y la poca capacidad de los que nos consideramos defensores de la piedra para situar la protección del patrimonio histórico como una de las prioridades en el presupuestos de las administraciones pueden ser la respuesta. Pero no nos resignemos. La lucha vale la pena. Nos hacen falta herramientas de educación, de sensibilización y también de acción en la defensa del patrimonio histórico colectivo. Hay que organizarse, coordinarse. ¿Dónde está el Greenpeace del patrimonio?

Las administraciones no pueden dimitir de su responsabilidad