PNV y PSE pactan reformar en ocho meses su estatuto
Los dos acuerdan el derecho a discrepar sobre el autogobierno
Para que un edificio resista a un seísmo necesita unos cimientos firmes pero también cierto grado de flexibilidad. Siguiendo esta máxima, el acuerdo para un gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi tiene una estructura preparada para no venirse abajo ante la primera discrepancia de fondo, que puede llegar cuando se aborde la relación del País Vasco con el Estado. En consecuencia, los dos partidos se reconocen mutuamente la “libertad” para defender en la ponencia parlamentaria sus respectivos postulados.
De las 70 páginas que conforman el pacto –que hoy explicarán los máximos dirigentes de las dos formaciones– apenas las últimas diez se refieren a la reforma del estatuto de autonomía. No obstante, este ha sido el capítulo más difícil de cerrar para que nacionalistas y socialistas puedan volver a gobernar juntos dieciocho años después sin tener que renunciar a las paredes maestras de su proyecto político. La solución pasa, en primer lugar, por delimitar este debate en el Parlamento, alejado del día a día del ejecutivo. La ponencia encargada de los trabajos tendrá ocho meses para redactar una propuesta de borrador que luego se convertirá en proposición de ley. En todo momento el texto subraya que la tarea se hará siguiendo el ordenamiento jurídico vigente. Las apelaciones a la legalidad –mirando de reojo la vía independentista catalana– son constantes. No hay que olvidar que los partidarios del derecho a decidir son mayoría en la cámara autonómica (la suma del PNV, EH Bildu i Elkarrekin Podemos).
En este delicado juego de equilibrios para hacer compatible dos visiones tan distintas, PNV y PSE admiten que en los debates parlamentarios se podrán discutir cuestiones que no todo el arco político comparte. En el listado, los dos socios citan el reconocimiento de Euskadi como nación sin más adjetivos. Los socialistas vascos asumen este concepto en términos culturales, sin que lleve aparejados derechos políticos. Los nacionalistas, en cambio, no van a renegar de la autodeterminación. Fuentes del PNV reconocen que si renunciaran a este elemento su partido, que aspira a la independencia de Euskal Herria, dejaría de tener sentido. Se incluye, por lo tanto, la posibilidad de debatir sobre el derecho a decidir pero ligado a la idea de “negociación y acuerdo”, descartando cualquier posibilidad de unilateralidad, en la que, de hecho, el lehendakari Iñigo Urkullu no cree.
Incluyen la posibilidad de debatir sobre el derecho a decidir pero acordado y descartando la unilateralidad
Ahondando en la vía del pacto bilateral, las dos partes certifican que la ciudadanía deberá ratificar en un “referéndum” los acuerdos que hayan suscrito “las instituciones competentes”. El redactado es lo bastante ambiguo como para no contradecir la propuesta electoral de Urkullu de una doble consulta: una primera, habilitante, antes de la tramitación del nuevo estatuto en las Cortes, y una segunda, prevista en la ley, después de su aprobación en el Congreso.
Pero el acuerdo –que ayer por la tarde fue validado por la asamblea nacional peneuvista por unanimidad y el comité nacional socialista– no sólo establece los límites del desacuerdo sino que también pone negro sobre blanco algunas reflexiones compartidas. La más significativa, teniendo en cuenta la falta de mayoría absoluta en Madrid, es la apuesta por una reforma de la Constitución que respete las “singularidades” vascas y permita ampliar el autogobierno. Ante la plana mayor de su partido, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, aseguró que están planteando “una nueva conversación en España frente al diálogo de sordos en el que está Catalunya”. “Seguir viviendo juntos respetando las singularidades dentro de una España plural y en una Europa diversa”, dijo. Un discurso muy parecido al de Urkullu.
La huella de las tesis nacionalistas es muy visible en la dura denuncia del “impulso recentralizador” del Ejecutivo de Mariano Rajoy y la necesidad de culminar el proceso de transferencias pendientes del actual Estatuto de Gernika. Se enumeran más de 30, relevantes en este momento, ya que los cinco diputados del PNV en la Cámara Baja tienen un papel central en la negociación de los presupuestos estatales. Antes de sentarse a hablar, los de Andoni Ortuzar exigen “gestos” que evidencien un cambio de actitud en la Moncloa.
Con el aval de sus dirigentes, el pacto se detallará hoy y se desplegará en el pleno de investidura que empieza mañana. La suma de los 37 votos –a uno de la mayoría absoluta– permitirá elegir al lehendakari el jueves en segunda votación.