Multa millonaria a tres bancos con viviendas vacías
Barcelona acortará los plazos para imponer sanciones a grandes propietarios que no destinen pisos vacíos al alquiler social
El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer las cuatro mayores multas impuestas hasta ahora por mantener durante dos años viviendas vacías. Las cuatro sanciones, de 315.000 euros cada una, afectan a la Sareb, el banco malo, sancionado por partida doble por dos viviendas del distrito de Sant Martí. Las otras dos entidades bancarias son el Santander y el BBVA, cada una con una vivienda vacía en Nou Barris.
El Ayuntamiento dice blanco; el BBVA, negro. El banco sostiene que el piso por el que se le quiere sancionar forma parte de las 1.800 viviendas que cedió a la Generalitat para familias vulnerables. El Consistorio replica que ha abierto 207 expedientes por pisos vacíos (64 se han iniciado este año y el resto, en el 2015). Ocho tramitaciones ya han culminado: en cuatro casos las entidades propietarias han cedido las viviendas para su uso social, con lo que el procedimiento se ha archivado (según la versión municipal, el piso al que se refiere el BBVA sí podría pertenecer a este paquete); los otro cuatro casos son los que desencadenaron las sanciones de ayer. El Ayuntamiento y el banco insinúan que la otra parte se equivoca de piso. “Si sigue vacío puede ser porque la Generalitat aún no lo ha adjudicado”, insiste el BBVA.
En el 2015, cuando se inició el expediente, estas cuatro viviendas ya llevaban dos años vacías, según el Ayuntamiento. Es lo que los activistas antidesalojos resumen como casas sin familia y familias sin casa. Gracias a la ley catalana del derecho a la vivienda del 2007, que no ha sido recurrida, las administraciones municipales pueden imponer sanciones a los grandes propietarios inmobiliarios que no destinen pisos vacíos al alquiler social. Los tres bancos recibieron una primera sanción de 5.000 euros, una segunda de 10.000 y una tercera de 15.000. La Sareb y el Santander recurrieron las sanciones y el BBVA las pagó. Las pagó, pero su piso siguió vacío, asegura el Ayuntamiento. “Nuestro objetivo –recuerda el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner– no es recaudatorio, sino la emergencia residencial”. Y como después de todo este tiempo los pisos siguen desocupados, se ha optado por la ejemplaridad: una sanción global de 1.260.000 euros.
Si el BBVA no tiene razón, si los otros bancos no recurren o si sus alegaciones son descartadas, el Ayuntamiento podría utilizar la vía ejecutiva para cobrar ese importe. Esta es una de las tareas de la UCER, la unidad municipal contra la exclusión residencial y el “uso anómalo” de las viviendas. Sus actuaciones también han permitido otra multa récord de 90.000 euros a una inmobiliaria que alquilaba infraviviendas.
Barcelona ha iniciado un censo de viviendas vacías para proponer a sus dueños que las destinen al alquiler social. Estas personas y los pequeños inversores, que completan sus ingresos con el alquiler de uno o varios pisos, no tienen por qué temer. No es el caso de bancos y grandes propietarios. La ley 24/2015, parte de la cual sí ha sido recurrida por el Gobierno del PP, consideraba como tales a quienes tuvieran una superficie de 1.250 m2 o más.
Hasta ahora, desde que se imponía la sanción de 5.000 euros hasta que el trámite finalizaba podían pasar 18 meses. Los abogados del Ayuntamiento consideran que ese plazo se puede reducir en medio año, puesto que es innecesario que al primer aviso siga un segundo y un tercero, las multas de 10.000 y 15.000 euros. Los letrados creen que a partir de la primera advertencia se puede imponer directamente la de 315.000 euros e, incluso, instar la expropiación del piso.
El Ayuntamiento quería anunciar todo esto más adelante, pero los hechos de ayer desencadenaron el adelanto, a raíz del desalojo frustrado de unas viviendas de la Sareb en el Raval, ayer por la mañana. La alcaldía acusa a esta entidad de acoso inmobiliario y de desoír los requerimientos para que arreglara los desperfectos en el bloque. El banco lo niega, pero el Consistorio insiste en que acudirá a la Fiscalía y pone este caso como ejemplo de que la vivienda es un derecho social “con el que algunos quieren especular”, una idea que repitió por la tarde, cuando presentó las sanciones.
UNA CIFRA RÉCORD Las sanciones suponen un importe global de 1.260.000 euros por cuatro pisos EL PRECEDENTE La mayor multa hasta ahora era una de 90.000 euros por el alquiler de infraviviendas EL AYUNTAMIENTO “Nuestro objetivo no es recaudatorio, sino luchar contra la crisis de la vivienda” EL BBVA “El piso del que habla el Consistorio fue uno de los 1.800 que hemos cedido a la Generalitat”