Badalona acusa a FCC de haber estafado 12,8 millones
La alcaldesa eleva a la Fiscalía el resultado de una auditoría que detecta graves irregularidades en el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras
Una auditoría encargada por el Ayuntamiento de Badalona el pasado mes de noviembre ha detectado graves irregularidades en el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. Según el informe que dio a conocer ayer la alcaldesa, Dolors Sabater, “los hechos son de una gravedad intolerable”. De mayo de 2010 a diciembre de 2015, la adjudicataria del servicio, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), al parecer defraudó al Ayuntamiento 12,8 millones de euros. La semana pasada el Ayuntamiento de Barcelona también elevó a la Fiscalía las irregularidades detectadas con la misma adjudicataria y cifró la estafa en 800.000 euros.
La limpieza viaria de Badalona está presupuestada en 12,4 millones de euros y la recogida de basuras en 10,1 millones, lo que supone el 14,4% del presupuesto municipal. El informe desvela que Fomento no ha prestado servicios que al parecer había cobrado. Según el concejal de Espacios Públicos y Movilidad, Francesc Duran, “se hubiera podido evitar en el anterior mandato –con el alcalde Xavier Garcia Albiol– con una dotación de recursos humanos adecuada” y los mecanismos de control “que prevé el propio contrato”.
La alcaldesa, por su parte, indicó que el nuevo gobierno liderado por Guanyem Badalona (formación apoyada por la CUP y Podemos), en coalición con ERC e ICV, detectó la necesidad de controlar los grandes contratos y encargó la auditoría, que se centró en el mayor contrato de servicios externos. Las conclusiones serán elevadas a la Fiscalía para que emprenda las acciones pertinentes.
En las conclusiones, el informe detalla que se han facturado servicios no contratados por valor de 4,5 millones. De estos, 1, 04 millones son cargas de gastos, amortizaciones e intereses de la compra de maquinaria, y 3,46 millones, revisiones de precios al alza en conceptos prohibidos por la ley, como mano de obra, gastos financieros, gastos generales y beneficio industrial. De entre lo supuestamente defraudado, destacan 3,5 millones facturados por servicios no prestados, inversiones no realizadas, maquinaria comprada y no utilizada, limpieza de contenedores que en invierno no se lleva a cabo, costes de mantenimiento no prestado y seguros de vehículos no utilizados.
En otro orden la auditoría desvela “infradimensionamiento del servicio de recogida de residuos” por valor de 2,8 millones. Fomento al parecer facturó un 6,6% más en sueldos por la recogida de residuos de los previstos en la oferta inicial, aunque el número de contenedorespor recoger es un 5% menor y la producción de residuos se ha reducido un 20% con respecto al cálculo inicial.
En resumen, “se llevó a cabo una baja temeraria en la oferta y, en lugar de asumirla, la empresa cobra más que lo rebajado”. Asimismo, se detectan 1,6 millones fraudulentos ya que se facturan precios mayores a los descritos en la oferta inicial. Además se desprende que un mismo servicio se ha cobrado varias veces, lo que supone el cobro irregular de 300.000 euros.
En conclusión, el gobierno de Badalona anuncia que recuperará el departamento técnico del Área de Espacios Públicos y Movilidad, que durante el mandato de García Albiol, según Sabater “pasó de ocho a dos trabajadores”, lo que propició la falta de control en un momento en que se promovió la externalización del servicio.
El PP, por su parte, considera las acusaciones “una auténtica barbaridad e irresponsabilidad que puede tener graves consecuencias jurídicas y políticas”. El concejal Daniel Gracia advierte que para producirse el fraude habría sido precisa la “participación de funcionarios municipales” que firman las certificaciones del servicio y el pago. Juan Fernández, por su parte, desveló una conversación con la alcaldesa en la que le aseguraba que “el informe se ha hecho público porque la prensa presionaba por el efecto Barcelona”. Todo ello “es un despropósito” proclaman, ya que se anuncia “una supuesta estafa sin tener el visto bueno de los técnicos municipales y los servicios jurídicos”.
El contrato con Fomento, vigente hasta el 2020, es de unos 20 millones de euros anuales. Tras conocer los resultados de la auditoría, el gobierno ha declinado ejercer medida alguna contra la empresa, a la espera de la investigación judicial, aunque ha anunciado que se reunirán con FCC. En el momento de cerrar esta edición, responsables de la empresa no habían accedido a hacer declaraciones.
El PP califica de “auténtica barbaridad e irresponsabilidad” las acusaciones vertidas por los responsables municipales