Los detenidos de Alsasua, procesados por terrorismo
Los delitos descritos pueden suponer hasta 15 años de prisión
Una pelea en un bar o un acto de terrorismo. Esta es la distancia que separa las versiones de la defensa y la Fiscalía en el caso de los nueve imputados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua. La causa abierta a este respecto avanza con inusitada rapidez, y ayer, transcurrida una semana desde las detenciones, la juez de la Audiencia Nacional encargada del caso, Carmen Lamela, dictó auto de procesamiento contra los arrestados, siete de ellos ingresados en prisión el pasado día 15. La acusación, en línea con las tesis del fiscal, es de delito de terrorismo, en concurso ideal con los de lesiones, atentado y odio.
La expresión concurso ideal es técnica y se refiere a la existencia de más de un delito en una misma acción. La consecuencia de su apreciación se produce en la fijación de la pena. En este caso, las penas que hipotéticamente cabría imponer a los acusados por delitos de terrorismo por agredir a un teniente y un sargento de la Guardia Civil pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión.
Las resoluciones que hasta ahora ha redactado la juez Lamela sobre estos hechos ponen en evidencia que no tiene dudas sobre la naturaleza de lo ocurrido. Tanto en los autos de prisión que dictó la semana pasada como en el de procesamiento que dio a conocer ayer la magistrada sostiene que la agresión a los guardias civiles no se produjo en el contexto de una riña, sino que constituyó un ataque deliberado directamente relacionado con su condición de miembros de una de las fuerzas de seguridad del Estado. De ahí la calificación de terrorismo, que también se apoya en la descripción que hace del contexto político y social de la zona.
La juez estima, en suma, que a los guardias civiles y a sus parejas se les rodeó y golpeó cuando estaban tomando unas copas en un bar de Alsasua, y luego en la calle, a sabiendas de que eran agentes del mencionado cuerpo, y precisamente por serlo. Los dos iban de paisano –la acción discurre de madrugada en un bar–, pero estima la juez que los agresores les conocían.
La magistrada ha llegado a la conclusión de que no hay mucho más que investigar sobre el caso, porque las diligencias practicadas por la Policía Foral y por la propia Guardia Civil suponen que existen “motivos bastantes para afirmar con fundamento” que cometieron los mencionados delitos. Lamela añade que las agresiones se producen en el contexto de las acciones de “hostigamiento” promovidas por el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos y que opera en Alsasua y otros municipios de la zona.
Sostiene la juez que entre los propósitos de los promotores de esta estrategia figura el de “influir en la vida de los miembros de la Guardia Civil para que se sientan objetivo de grupúsculos violentos y tengan dificultades para realizar sus actividades diarias”. Y a renglón seguido Lamela entra en detalle, al afirmar que con tales prácticas de hostigamiento se pretende impedir que puedan realizar con normalidad “sus compras, disfrutar del tiempo libre con sus parejas o apuntar a sus hijos a actividades, instando a otros ciudadanos a evitar ningún vínculo afectivo con ellos”. La magistrada añade que tales actuaciones y fines vienen contando con “el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai”, entre otros colectivos y organizaciones.
La juez cree que la agresión responde a una estrategia de “hostigamiento” a las fuerzas de seguridad