Abierto el debate sobre las pensiones
EL Gobierno ha abierto los trabajos de la comisión de seguimiento del pacto de Toledo para analizar la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones. Llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios y entre los agentes sociales sobre la mejor solución para abordar esta cuestión es, sin duda, el gran reto de la presente legislatura. No es casualidad que la primera iniciativa políticoeconómica y social del nuevo Ejecutivo haya sido empezar por abordar este debate, que será largo, complejo y difícil. Sin embargo, con independencia de cuál sea el acuerdo final, es urgente implementar ya algunas medidas en los próximos presupuestos generales del Estado para el 2017, ya que el sistema está en déficit y el Fondo de Reserva de las Pensiones, que hasta ahora ha permitido salvar el abono de las pagas extra, está cerca de agotarse.
La solución más viable para garantizar la financiación del sistema de la Seguridad Social, mientras no mejore más el empleo en cantidad y calidad, está en un mayor recurso a los presupuestos del Estado. Así lo ha entendido ahora el Gobierno, aunque esta es una vía que, evidentemente, tiene sus limitaciones y, en último extremo, siempre dependerá de las prioridades de gasto público que en su momento se determinen.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en su comparecencia ante la citada comisión, propuso ayer algunas medidas en esa línea. La primera sería convertir las reducciones de cotizaciones, como las tarifas planas de incentivo a la contratación, en bonificaciones del Estado a la Seguridad Social. Esto permitiría, de entrada, financiar 1.900 millones de euros con cargo a los presupuestos del Estado del 2017. También podría hacerse el mismo trasvase con las pensiones de orfandad y de viudedad, en el marco de la separación de las fuentes de financiación, de forma que la Seguridad Social se hiciera solamente cargo de las pensiones contributivas.
Pese a su importancia, las citadas medidas no son, sin embargo, más que parches a corto plazo. El sistema de pensiones español adolece de debilidades estructurales que requieren un planteamiento más global y definitivo, más allá de la primera urgencia financiera que se plantea ante el próximo 2017.
Evidentemente, como se puso de manifiesto ayer en el seno de la comisión de seguimiento del pacto de Toledo, la solución del futuro de las pensiones precisa, de entrada, una mayor creación de empleo, que aumente el número de cotizantes, y una mejora de los niveles salariales para que se incremente la aportación de sus cotizaciones. Ello no es fácil de lograr. Pero, además, la sociedad española tiene el problema derivado de la tasa de natalidad, que es una de las más bajas del mundo, y del progresivo envejecimiento de su población, que a medio y largo plazo convertirán el sistema en insostenible por sí mismo. Medidas como incrementar algunas cotizaciones, como las de los autónomos o las de los salarios más altos, así como alargar la edad de jubilación hasta los setenta años, son de eficacia limitada por la gran dimensión del problema.
Ante el citado escenario, la gran decisión a la que está abocada la sociedad española es reformar el sistema de pensiones, lo que en otras palabras equivale a recortar las pensiones futuras para hacerlas sostenibles o asumir la responsabilidad que comporta el pacto intergeneracional y garantizar el sistema actual con el recurso permanente a los presupuestos generales del Estado siempre que sea necesario y posible.