Fortalecer el modelo catalán de provisión en salud
En una reciente entrevista en estas páginas, el buen amigo Jaume Padrós exponía su inquietud sobre el futuro del modelo de provisión que hoy caracteriza el sistema sanitario catalán. Comparto su opinión de que esta cuestión no es el principal reto al que se enfrenta nuestro sistema de salud y que, por tanto, no tendría que monopolizar nuestro debate público. Los desafíos relativos a nuestro modelo asistencial –el envejecimiento, las innovaciones terapéuticas, el nuevo rol del paciente, el liderazgo y las condiciones laborales de los profesionales, la evolución hacia el paradigma comunitario, la sostenibilidad financiera, etcétera–, todas estas cuestiones y muchas otras, son, sin duda, más perentorias.
Sin embargo, eso no quiere decir que, respecto al modelo de provisión, no sean necesarias algunas reformas. ¿Cuáles? Las que nos permitan mejorarlo, partiendo de la premisa de que el modelo del que partimos tiene grandes virtudes. En una conferencia en Esade el pasado mes de julio ante 300 personas tuve la ocasión de exponer cuál era mi visión sobre esta cuestión: la que establece la LOSC. Aquella ley aprobada con un amplio consenso parlamentario hace 25 años explica bien claro que nuestro sistema nacional de salud se construye a partir de un principio de preferencia, de acuerdo con el cual a la hora de atender las necesidades de los ciudadanos el Servei Català de Salut tiene que priorizar los centros públicos por delante de los privados y, de entre estos, tiene que priorizar los centros sin afán de lucro por delante de los que tienen afán de lucro (artículo 5). Estoy convencido de que la LOSC, en este punto, sigue siendo claramente vigente.
Un planteamiento que no tiene nada dogmático, sino que, al contrario, tiene una base racional innegable. ¿Por qué hay que priorizar los hospitales públicos antes que los privados a la hora de contratar actividad pública? Porque se trata de equipamientos que son propiedad de todos los ciudadanos, que se han levantado gracias a las inversiones que hemos pagado entre todos, durante generaciones. Entre otras razones. ¿Por qué las organizaciones del tercer sector tienen que tener preferencia por delante de aquellas del sector mercantil? Porque las primeras tienen en la actividad asistencial su única finalidad, mientras que para las segundas es también un medio condicionado por la lógica del beneficio. Y eso no hace estas últimas menos legítimas, pero sí menos prioritarias.
No olvidemos, además, que un concierto sanitario no deja de ser un pequeño monopolio acotado en el espacio –un determinado territorio– y en el tiempo –la duración del contrato. Y ya explicó Adam Smith que las empresas con afán de lucro tienden a ser una garantía de eficiencia productiva en un entorno de libre competencia, pero no necesariamente en una situación de monopolio.
En resumen, nuestro modelo de provisión se basa en muchos proveedores de titularidad diversa. Pero no se trata de una diversidad caótica, sino de una diversidad ordenada según el principio de preferencia mencionado.
Es esta “diversidad ordenada” la que ha hecho del sistema sanitario catalán un ejemplo de eficiencia, de calidad y de equidad, que son los tres objetivos –irreductibles entre sí– que tendrían que regir cualquier sistema sanitario público. Todos los casos de republificación de la gestión de la actividad sanitaria que ha emprendido el actual Govern responden, simplemente, al principio de preferencia que estableció la LOSC. Y no tienen ningún otro objetivo que el de fortalecer más y legitimar mejor el modelo sanitario catalán. En el marco del debate que nos ocupa, a menudo se esgrime: “La titularidad del proveedor no importa, lo que importa es la calidad del servicio que presta”, o también: “Lo que importa no es la titularidad, sino la eficiencia”. Quien argumenta así tiene que ser consciente de que se aparta del marco de la LOSC, que establece su principio de preferencia a partir de la titularidad. Pero eso no quiere decir que el argumento no sea razonable. Por este motivo, en todos los procesos de republificación de la gestión de servicios sanitarios que estamos llevando a cabo desde el Govern, hemos encargado siempre un análisis de calidad y un análisis de costes –sin confundir, por cierto, el concepto de coste de un procedimiento con el de tarifa media de un centro–.
Son análisis que hacen, desde su autonomía de gestión, los equipos directivos de los centros receptores de la actividad transferida –cuyo rigor, por lo tanto, nadie tendría que discutir– y que nos dicen lo siguiente: en todos los casos ejecutados hasta ahora o bien ha habido un ahorro de costes sin perder calidad –como es el caso del traslado de la actividad hospitalaria en la comarca del Vallès Occidental– o bien una ganancia de calidad sin incremento de costes –como en la internalización del servicio de atención domiciliaria por parte del ICS en la ciudad de Barcelona–.
Los responsables políticos tenemos, entre otros, el deber de hacer todas aquellas reformas que nos permiten disfrutar de unos servicios públicos equitativos, de más calidad y más eficientes. Y eso es lo que estamos haciendo, en este mandato, desde el Departament de Salut.
Por ello estamos convencidos de que si devolvemos el espíritu y la letra de la LOSC –y de paso recordamos algunas enseñanzas de Adam Smith–, el consenso sobre el modelo catalán de provisión de servicios sanitarios será muy fácil de reencontrar y de reforzar.
Nos basamos en muchos proveedores de titularidad diversa pero no caótica, sino ordenada