La Vanguardia (1ª edición)

El Parlament investigar­á los casos de bebés robados en Catalunya

- MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

El grupo parlamenta­rio de Junts pel Sí impulsa la creación de un grupo de trabajo en la Cámara catalana para investigar los casos de bebés robados entre 1936 y 1990. La coalición presentará una propuesta de resolución en la comisión de Exteriores del mes de diciembre que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos, por lo que con toda probabilid­ad saldrá adelante. El grupo de trabajo estará activo antes de que acabe el año, anunció ayer la diputada Magda Casamitjan­a, e implicará a cinco conselleri­es con competenci­as en el asunto –Salut, Afers Socials, Justícia, Interior y Exteriors–.

La asociación de afectados SOS Bebés Robados ha colaborado en la puesta en marcha de este grupo de trabajo, junto a expertos de la Fiscalía y el Col·legi d’Advocats. Precisamen­te mañana representa­ntes de SOS Bebés Robados comparecer­án en la comisión de Justicia para explicar la evolución de los casos que investigan. Junts pel Sí también ha pedido la comparecen­cia del fiscal especializ­ado Miguel Ángel Aguilar.

El objetivo de la iniciativa es ayudar a esclarecer la desaparici­ón de decenas de bebés durante la dictadura y los primeros años de la democracia. La Fiscalía de Barcelona contaba con 110 denuncias de posibles casos de bebés robados en investigac­ión. Mientras que en el 2013 se investigab­an 73 casos.

La gran mayoría de los casos que llegan a la justicia y a las asociacion­es de afectados se refieren a madres o padres que creen que sus hijos, supuestame­nte fallecidos al nacer, realmente no habían muerto y habían sido sustraídos para ser entregados a otros padres. Otro pequeño grupo lo componen hijos adoptados que creen que su adopción fue irregular y otros que no constan como adoptados y dudan de su filiación. Historias todas ellas cargadas de dolor e impotencia, de falta de explicacio­nes y, en muchas ocasiones, de difícil verificaci­ón por la escasez de documentos oficiales y los problemas para acceder a pruebas.

“Tenemos el deber de dar una respuesta a estas personas en sede parlamenta­ria”, subrayó Casamitjan­a.

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