El PP pone en duda el alcance del pacto contra la corrupción
El caso Barberá reabre el debate político sobre cuándo debe cesar un cargo investigado
El fallecimiento de Rita Barberá antes de ser juzgada por presunta corrupción ha provocado que el PP se cuestione el compromiso de separar del cargo a los investigados. Ciudadanos, sin embargo, mostró ayer su rechazo a cualquier cambio en ese pacto.
El PP sigue lamiéndose las heridas tras la muerte de Rita Barberá, en una actitud propia de quien no tiene la conciencia tranquila, por mucho que se intente echar la culpa a todos, incluidos los medios de comunicación, menos a sí mismo.
Los populares han puesto ahora la proa contra el contenido del acuerdo de medidas contra la corrupción que Ciudadanos impuso al PP para sentarse a negociar la investidura de Rajoy. El portavoz del PP, a la luz de la traumática experiencia, quiere que se le dé “una vuelta”. El llama a una reflexión de todos los partidos, para llegar al máximo consenso sobre cuándo un cargo público debe dimitir, si está incurso en una investigación judicial por corrupción.
La veda de la reflexión la abrió el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, a su manera, sin paños calientes y planteándolo de cara. Hernando, que ya el día anterior, quizá para lavar su conciencia respecto a cómo el PP y sus dirigentes trataron a Rita Barberá, acusó a los medios de comunicación de lo ocurrido, por el linchamiento al que habían sometido a la exalcaldesa, y a los que llamó “hienas”, ayer se centró en el pacto anticorrupción con Ciudadanos. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, el portavoz popular planteó la necesidad de “darle una vuelta” a ese acuerdo, que establece que un cargo público debe dejar su puesto o no podrá ir en las listas desde el momento en que esté formalmente investigado, antes imputado. Hernando puso como ejemplo de la conveniencia de revisar ese punto el hecho de que el actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha estado varias veces imputado y no ha prosperado ninguna de las querellas, y si se hubiera aplicado esa norma a estas alturas no podría presidir la región de Murcia.
Fue lo que ocurrió con Rita Barberá. Cuando el Tribunal Supremo decidió abrir una investigación contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, justo después de la investidura fallida de Mariano Rajoy a finales de agosto, y en víspera de las elecciones gallegas y vascas. La dirección nacional del PP dio 24 horas a Rita Barberá para dejar su escaño en la Cámara Alta, bajo amenaza de expulsión del partido. Al filo de cumplirse el plazo, la política valenciana optó por dejar el carnet del partido en el que llevaba casi 40 años militando, para no perjudicarle en sus negociaciones y en las citas electorales, pero no quiso devolver el escaño, porque sería admitir su culpabilidad, cosa que nunca hizo.
Hoy, muerta Rita Barberá, el PP plantea reconsiderar lo que le impuso Ciudadanos, y analizar si no sería mejor ir a la apertura de juicio oral, en vez de a la imputación.
Pero Ciudadanos no está dispuesto a tocar lo acordado, y así lo dijo de inmediato el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que nada más conocer las intenciones de Hernando advirtió al PP que si decide incumplir el acuerdo firmado en cualquiera de sus puntos, incluido en materia de corrupción, se dará por roto el pacto “y tendrá repercusión política”, porque habrá demostrado que el PP “no es un partido de fiar”.
Sin duda, de ello hablaron ayer el propio José Manuel Villegas y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se reunieron a mediodía en la Moncloa, aunque el dirigente de Ciudadanos aseguró que el encuentro ha-
Ciudadanos impuso la mano dura contra los acusados de corrupción en el pacto para la investidura de Rajoy
bía versado sobre los presupuestos.
El ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pusieron un poco de serenidad en el debate que unas horas antes había incendiado Rafael Hernando. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo subrayó que “el pacto está para cumplirse”, lo que no impide que al Gobierno le gustaría que se reflexionara sobre “cómo se encuentra mejor el equilibrio” entre “la presunción de inocencia y el derecho a presentar una denuncia por corrupción”. El Gobierno, así lo llevó el PP en su programa, prefiere el momento de la apertura del juicio oral, por considerar que ya se han realizado actuaciones judiciales que llevan al convencimiento de que hay indicios suficientes como para juzgarles, lo que no quiere decir que sea o no inocente. Lo único que quiere el Gobierno, dijo Méndez de Vigo, es que se reflexione sobre el asunto. “Sería bueno que entre todos los partidos tomáramos una posición”, dijo, porque “reflexionar sobre sus actos es lo que hacen las personas inteligentes”.
Quizá fue más claro aún el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que defendió a ultranza la vigencia del acuerdo con Ciudadanos, que subrayó que la petición de responsabilidades políticas debe producirse “en el momento procesal en el que las personas sean declaradas imputadas sea cuando deben abandonar sus responsabilidades”, es decir, para el ministro eso no se debe producir hasta que “no existan indicios y el juez considere que hay alguna formalidad. En ese momento se puede exigir algún tipo de responsabilidad”.
El ministro de Justicia, no obstante, considera que también es importante llegar a un acuerdo sobre los plazos de instrucción, que a su juicio hay que reducir, porque como se puede ver con el que afectaba a Rita Barberá, sin que se haya llegado a concluir, “la opinión pública y los medios de comunicación han estado trabajando en la exigencia de responsabilidades”.
El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, aprovechó las circunstancias para poner en tela de juicio el acuerdo firmado entre Ciudadanos y el PP.. A juicio de Errejón, los populares están tratando a Ciudadanos “no como socios, sino como rehenes”.
Ciudadanos advierte que el pacto de investidura hay que cumplirlo entero o “habrá consecuencias”