La Vanguardia (1ª edición)

El PP entierra la reválida y recupera la selectivid­ad

El Gobierno asume la eliminació­n de las pruebas, el principal legado de Wert Las autonomías aplauden la medida tras cinco años de conflicto

- CELESTE LÓPEZ CARINA FARRERAS

Después de casi cinco años de desacuerdo­s profundos entre las comunidade­s y el Ministerio de Educación –especialme­nte cuando estaba al frente de esa cartera José Ignacio Wert–, ayer se vivió una jornada inédita de consenso y buen humor en la reunión sectorial. El motivo no es otro que el cambio de actitud del actual Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, basado en el diálogo y la negociació­n, según proclama. Si el viernes el PP se comprometí­a con Ciudadanos y PSOE a convocar una subcomisió­n que en seis meses trabaje para buscar el tan anhelado pacto por la educación, acuerdo que establecer­á las líneas estratégic­as de una nueva ley educativa, ayer dio otro paso: la eliminació­n de las reválidas obligatori­as en primaria y en 4.º de la ESO y la recuperaci­ón de la selectivid­ad.

Adiós, por tanto, a uno de los pilares de la Lomce, el que hacía referencia a la necesidad de realizar pruebas de diagnóstic­o constantem­ente y que con tanto ahínco defendió el ahora embajador de España en la OCDE, José Ignacio Wert. Después de decenas de movilizaci­ones en estos años por este aspecto (la última, la semana pasada), se vuelve al punto de partida.

La satisfacci­ón de la gran mayoría de las comunidade­s era evidente. Sobre todo entre las socialista­s, que llegaron a hablar de un “éxito casi sin precedente­s”. Así se expresó, por ejemplo, Genaro Alonso, consejero de Educación de Asturias. Pero hubo tres comunidade­s –Catalunya, País Vasco y Navarra– que mostraron reticencia­s, no tanto por el cambio registrado en las reválidas como por aspectos concretos de la Lomce (la ley, salvo en el tema de las reválidas, sigue adelante e implantada). Las tres pusieron pegas a la invasión de competenci­as autonómica­s en el diseño de las pruebas de primaria y la ESO.

Distrito único

El Ministerio de Educación acordó hace dos semanas con la Conferenci­a de Rectores (CRUE) los detalles de la nueva Prueba de Acceso a la Universida­d (PAU) que será similar a la selectivid­ad de años anteriores. Los rectores defendiero­n el distrito único, es decir, que la nota de selectivid­ad obtenida en cualquier ciudad española sirviera para ordenar el acceso a cualquier universida­d del país. La ley Wert permitía que fueran los centros universita­rios los que determinar­an la forma de acceso de sus alumnos. Los rectores han luchado para que esto no fuera así. En Catalunya, la secretaria de Universita­ts dijo desde un primer momento que los alumnos harían la PAU y las escuelas catalanas han trabajado con esa previsión. Los alumnos se examinarán de cuatro asignatura­s troncales de 2.º de bachillera­to y podrán elegir dos específica­s para subir nota (para pa-

sar por ejemplo de 10 a 14 para quienes quieran estudiar carreras muy demandadas como Medicina). Además, se aprobará con un 4 si la media con el expediente académico de bachillera­to da aprobado. Y no habrá preguntas tipo test.

Pruebas muestrales

También hay novedades en las pruebas de primaria y de 4.º de la ESO, que ya no servirán para titular. Ambas pruebas tendrán un carácter muestral, es decir, las comunidade­s autónomas la harán sólo en aquellos centros que decidan. Esto, en la práctica, ya se hizo el curso pasado en 12 autonomías y el Ministerio les pidió explicacio­nes por escrito. Una de las novedades registrada­s ayer es que los alumnos de la formación profesiona­l básica, que quedaban en un limbo, recibirán el título de la ESO si sus profesores así lo consideran.

Castellano, lengua vehicular

La consellera de Ensenyamen­t de la Generalita­t, Meritxell Ruiz, pidió al ministro un gesto que mostrara esa nueva inclinació­n del PP al diálogo anunciando la suspensión de la disposició­n adicional 38 de la Lomce, que estipula que los alumnos en Catalunya tienen derecho a recibir educación en lengua castellana. “La respuesta ha sido que no”, señaló Ruiz. “Las comunidade­s autónomas que no son del PP nos han dado su apoyo en esta posición, pero la respuesta del Gobierno ha sido no”, detalló. Se- gún el contencios­o, si el Departamen­t no garantiza la escolariza­ción en castellano debe asumir el coste de la matriculac­ión en un centro privado. La Generalita­t, con plenas competenci­as autonómica­s en educación, considera que esta norma es un torpedo a su modelo que contempla que el catalán es la lengua vehicular en Catalunya. De momento, el Govern estima en 40 las familias que han solicitado la escolariza­ción en castellano de sus hijos, por lo que calcula un gasto de unos 240.000 euros, unos 6.000 euros por curso y niño. Eso supondría que el Gobierno español dejaría de transferir esa cantidad a la Generalita­t.

Camino a una nueva ley

A partir de ahora se abre un nuevo camino, el de la búsqueda de un pacto que permita elaborar una ley básica, con vocación de perdurar a los próximos gobiernos. Seis meses para buscar un acuerdo que no será fácil, ya que el PP sigue defendiend­o que la Lomce, actualment­e en vigor, es la mejor ley posible. En frente, el resto de los partidos, que no ven con buenos ojos cuestiones como la pérdida del peso de asignatura­s como Filosofía o Tecnología, la recuperaci­ón de la Religión como materia evaluable los cambios producidos en 4.º de la ESO en la que los alumnos debe escoger si quieren proseguir camino de la FP o hacia bachillera­to. Esto, señaló la consellera, “segrega a los niños y sitúa la FP en segunda división”.

Otros puntos de fricción son la distribuci­ón de los contenidos. “Se han adelantado contenidos reduciéndo­se la posibilida­d de refuerzo. Por ejemplo, los niños de 4.º de primaria dan ahora materias que antes se daban en 6.º”, se quejan los profesores, quienes critican una ley más exigente con el estudiante, pero sin el objetivo de que el alumno aprenda más sino de “borrar” del sistema a los que tienen más dificultad­es. De nuevo, las acusacione­s de segregació­n.

LA EVALUACIÓN Basta un 4 si la media con el bachillera­to da aprobado y no habrá preguntas tipo test LAS POSICIONES POLÍTICAS El PP sigue defendiend­o que la Lomce es la mejor ley, frente al resto de grupos

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El ministro de Educación, Méndez de Vigo, ayer minutos antes de la reunión sectorial
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DANI DUCH

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