La Audiencia no investigará a Fernández Ordóñez por Bankia
El juez rechaza abrir una causa general sobre la gestión del banco
La investigación de la salida a bolsa de Bankia no debe derivar en una causa general que involucre al Banco de España. Esta es, en esencia, la tesis que sostiene el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en un auto por el que ayer rechazó citar al exgobernador de dicho organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidentes de la Comisión Nacional del Sistema de Valores (CNMV), Julio Segura, entre otros exaltos cargos a los que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acción popular en este caso, pidió que se les llamara a declarar como investigados.
La CIC se apoyaba, sobre todo, en unos correos electrónicos recientemente aportados al proceso en los que quien fue jefe de la inspección de Bankia, José Antonio Casaus, advertía a sus superiores de los riesgos de la operación. En sus mensajes, Casaus desaconsejaba dicha salida a bolsa y avisaba de la mala situación de la entidad. La CIC pedía que para aclarar estos extremos se citara también como investigado al exvicepresidente de la CNMV y actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy. La negativa del magistrado a estas citaciones está directamente relacionada con la valoración que efectúa sobre la trascendencia de los mencionados correos electrónicos, al distinguir entre los juicios técnicos en torno a una determinada operación y lo que se investiga en esta causa, que es la existencia o no de un fraude o engaño en dicha salida a bolsa.
Lo que viene a decir el juez Andreu es que un directivo y un gestor pueden equivocarse en los pasos que dan, pero no por ello sus resoluciones se convierten en delictivas. En este sentido, el magistrado razona que las decisiones de gestión de una entidad son de la “exclusiva responsabilidad” de sus órganos de administración y dirección, que en este caso eran los consejos de administración de Bankia y su matriz, BFA. También añade que, aunque pudiera resultar errónea, la decisión tomada era “perfectamente legítima”, y por tanto no tiene por qué ser investigada en un procedimiento penal, porque no es este su objeto.
Sostiene Andreu que en este proceso no se indaga si la decisión de la salida a bolsa de Bankia fue acertada o, como advirtió José Antonio Casaus, podía ser equivocada. El juez subraya que en este asunto la investigación busca aclarar si se falseó la información económica y financiera contenida en los folletos de emisión y en las informaciones que Bankia debía dar a conocer de acuerdo con las previsiones legales sobre el funcionamiento del mercado de valores.
El magistrado también menciona que los correos de Casaus tuvieron un carácter espontáneo e informal y que existen cauces oficiales para transmitir este tipo de mensajes y consideraciones, como los “informes de seguimiento”. Estos documentos ya están en la causa, y según el juez, de ellos y de los correos no se puede extraer la conclusión de que “los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito” que se investiga.
Andreu sostiene que, pese a ser errónea, la decisión del banco era “perfectamente legítima”