Santuarios anti-Trump
Las ciudades de EE.UU. emergen como último desafío a Trump al salir en defensa de los inmigrantes y contra el Gobierno
Numerosas ciudades de EE.UU., conocidas como Santuarios, han anunciado su total apoyo a los inmigrantes que Donald Trump pretende expulsar del país, enfrentándose si es necesario a las decisiones que tome la Casa Blanca.
Les denominan ciudades santuario , en el sentido de refugio o de tapadera, depende quién lo diga. “No hay una definición precisa, pero para mí expresa que somos un ciudad amigable hacia el inmigrante, no preguntamos su estatus migratorio y nuestros policías no ejercen de agentes de inmigración”, contesta por teléfono Jorge Elorza, alcalde de Providence (179.000 habitantes), capital del estado de Rhode Island. “Desde las elecciones hay mucha gente ansiosa y mi enfoque ha sido garantizar a la comunidad que estamos con ellos, que no vamos a sacrificar a ninguno”, remarca.
Nació en Estados Unidos hace 40 años, pero es hijo de padres que llegaron “sin papeles”en 1975 procedentes de Guatemala.
“Me críe en un hogar de inmigrantes –aclara este catedrático de Derecho con un buen español– y entiendo lo que supone la experiencia. Cuando alguien afirma que somos criminales es porque profundamente dispone de un mal entendimiento de quienes somos los inmigrantes”.
No está solo en el desafío a la nueva época trumpista, en la que se augura una guerra contra los indocumentados. El censo no oficial se sitúa por encima de los once millones. Los hooligans del presidente electo creen vivir bajo la amenaza de la transformación demográfica del país y la pérdida de la prevalencia blanca.
Elorza cuenta con poderosos compañeros de viaje. “Chicago siempre será una ciudad santuario”, proclamó su alcalde, Rahm Emanuel, tras el 8-N. “Os digo que en Chicago estáis seguros”, subrayó. Su homólogo de Los Ángeles, Eric Garcetti, hizo una promesa similar. Casi la mitad de los residentes en la metrópolis californiana son latinos.
“No vamos a dejar a nadie de lado, ese es el punto central”, sostuvo Bill de Blasio, el mayor de la Gran Manzana. “Vamos a confrontar cualquier cosa que veamos como una amenaza para los neoyorquinos”, advirtió.
Las ciudades estadounidenses, en su mayoría controladas por alcaldes demócratas, emergen como el último desafío frente a la expansión de Donald Trump y el dominio republicano.
En los mítines del magnate se repetía un lema: “construye el muro”. Los seguidores le pedían cumplir su idea de fortificar la frontera con México, como propuso en junio del 2015 al anunciar su aspiración a la Casa Blanca. El muro no es más que un eufemismo contra la inmigración.
Se comprometió a deportar a millones y amenazó a las ciudades santuario –Trump utiliza el término como infierno o nido de delincuentes– con quitarles los fondos federales por su falta de colaboración al aplicar la ley. A Los Ángeles le supondría 500 millones de dólares anuales.
“Estos alcaldes llaman la atención para apuntarse tantos políticos”, señala Dave Ray, jefe de comunicación de la American Inmigration Reform, que se opone a cualquier vía de amnistía de los inmigrantes no autorizados. “Pero el hecho cierto –añade– es que muchas de estas personas han cometido serios crímenes contra americanos inocentes”.
Según su previsión, el nuevo presidente dispondrá “de gran libertad de acción para hacer que estas ciudades regresen a la senda del orden”. En sus cálculos cita la cifra de 113.000 millones de dólares al año que salen de las arcas públicas “en servicios a los inmigrantes ilegales”. Además de reiterar lo de los millones de puestos de trabajo que usurpan a los nacionales e inmigrantes que cumplen la legalidad. “No se puede premiar a los ilegales”, insiste.
“Vienen muchos que no sabemos quienes son y de esta situación sacan ventaja las organizaciones criminales y las del terror”, tercia Jessica Vaughan, directora de estudios del Center for Inmigration Studies, organización que también aboga por constreñir la inmigración.
En ese amplio margen de acción del que Trump dispondrá, Vaughan apunta que no sólo cuenta con la amenaza de congelar el envío de las ayudas económicas. “Si los alcaldes continúan siendo un coste para la seguridad nacional –matiza– y liberan a criminales extranjeros, el Gobierno federal o las víctimas podrían llevarles a los tribunales”.
Los expertos del otro lado replican que no es tan fácil la imposición de esas represalias.
“Toda intimidación de Trump puede ser combatida por querellas o reclamaciones judiciales”, comenta Melissa Keaney, abogada del National Immigration Law. Recuerda que los policías locales “no cuentan con la responsabilidad de actuar como agentes federales”, sobre los que recae la ley de inmigración. “Las ciudades tienen capacidad para limitar su cooperación con el Gobierno federal y gozan de mucho poder de resistencia”, apostilla Muzaffar Chishti, director del Migration Policy Institute de la escuela legal de la Universidad de Nueva York. “La ironía del sistema –precisa– es que Washington necesita de la ayuda local para echar a los no ciudadanos”.
Desde Providence, el alcalde Elorza indica que no se han de anticipar acontecimientos. “Ni Trump sabe lo que va a hacer”, concluye. Pero no teme la confrontación. “Este es un asunto de principios y de valores”.
Las ciudades pueden perder cientos de millones federales por su desacato a la ley “Este es un asunto de principios y valores”, dice Jorge Elorza, alcalde de Providence