Terapia constitucional
Los cambios en la Constitución ya no están únicamente en manos de PP y PSOE tras la fragmentación del mapa electoral
La eventual reforma de la Constitución se enfrenta a una gran paradoja: los españoles parecen saber mejor lo que rechazan que lo que desean. De ahí la actual fragmentación electoral que, en la práctica, ha hecho imposible el relevo de un Gobierno con un nivel de desgaste inédito. Es verdad que la fase crucial de protesta que se inició en el 2013 y culminó en diciembre del 2015 ya ha perdido fuelle. Y buena prueba de ello es que la percepción negativa sobre la situación económica ha caído 25 puntos en tres años. Pero los sondeos siguen reflejando la vigencia del descontento y la incertidumbre, incluso en el propio ámbito de la economía. Y, además, la situación política ha tomado el relevo en los récords de insatisfacción y pesimismo. Las opiniones negativas al respecto vuelven a situarse muy por encima del 80% de los consultados, por arriba incluso de los porcentajes de la etapa crítica del 2013 al 2014. Y aunque la confianza en la institución parlamentaria ha mejorado ligeramente, el nítido suspenso actual (3,8) queda bien lejos de los aprobados holgados (de casi un 6) que se registraban hace apenas una década.
La propia insatisfacción con el funcionamiento de la democracia española es un fiel reflejo de ese deterioro progresivo de la arquitectura institucional. Si hace diez años, la calificación que merecía el sistema democrático rozaba el 6, ahora no pasa del 4,5. Y esas cifras, junto a las relativas a la confianza en los partidos (todavía más lúgubres), llevan a pensar que la regeneración de la atmósfera política española precisa de un revulsivo que acompañe la mejoría en el escenario económico y social. Y ahí intervendría la reforma de la Constitución. De hecho, si se pone el foco sobre el marco constitucional, los datos evolutivos del CIS reflejan su enorme desgaste y la urgencia de una terapia de choque: hace cuatro años, cuando la situales) ción política suscitaba menos descontento que la actual, más del 50% de los españoles se declaraban insatisfechos con la Carta Magna, y solo un tercio se mostraban satisfechos (la mitad que en 1998). Y a resultas de ello, casi el 60% se pronunciaba a favor de su reforma y apenas un 21% apostaba por dejarla como está.
Eso sí, cualquier reforma del texto constitucional se enfrenta a un camino plagado de obstáculos. El primero, la propia división de los españoles en torno a los objetivos de esa modificación. Según el CIS, los ciudadanos manejan más de 20 posibilidades de reforma y, salvo la de la justicia (que tiene el apoyo del 23% de los consultados), el resto de temas registran un respaldo muy disperso. Por ejemplo, un 10% menciona aspectos relacionados con el estado autonómico, pero con posiciones que oscilan entre el reconocimiento de la autodeterminación (2%) y la supresión de las comunidades autónomas (1%). Y otro 10% apunta a la Corona, aunque sin especificar la naturaleza de la reforma (aunque sólo un ínfimo 0,8% propone la abolición de la Monarquía).
El segundo obstáculo lo configura el actual Parlamento, más fragmentado que nunca y con un elevado grado de polarización a cuenta de algunas formaciones emergentes. En otro contexto, esa fragmentación podría jugar un papel positivo, al propiciar un amplio acuerdo. Sin embargo, la radicalización de posiciones (ideológicas y territoria- a la que han llevado la crisis y el inmovilismo supone una barrera casi infranqueable. Aun así, y pese al riesgo de cerrar una modificación en falso, PP, PSOE y Ciudadanos sumarían los escaños suficientes para una reforma que afectase al modelo territorial o al orden sucesorio de la Corona y que exigiese la mayoría reforzada de dos tercios de la Cámara (234 diputados). Claro que luego habría que proceder a un azaroso referéndum de ratificación.
Otras combinaciones para una mayoría reforzada (siempre con el concurso del PP) podrían lograrse con la participación del PSOE y los nacionalistas (247 diputados) o con la de C’s y Podemos (240 diputados).
La mayoría social apoya la reforma de la Carta Magna, pero con gran división de opiniones La solución territorial choca con la disparidad de preferencias entre Catalunya y España Los cambios que exigen mayoría reforzada requerirían el apoyo de una tercera fuerza La dispersión electoral propiciaría un pacto muy amplio, pero la radicalización lo frena
En cambio, sin el apoyo del PP ni siquiera podría prosperar una reforma que no afectase al núcleo duro de la Carta Magna (como podría ser quizás una disposición adicional que consagrase un régimen específico para Catalunya) y que requeriría el apoyo de al menos 210 diputados. Es verdad que Podemos, PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas sumarían 213 diputados, pero tropezarían con la insalvable mayoría absoluta del PP en el Senado.
La aritmética parlamentaria constituye, sin embargo, un problema menor ante las enormes discrepancias que registran unas fuerzas políticas en campaña permanente. Por ello, la tentación de no hacer nada podría acabar imponiéndose ante una ciudadanía resignada a la impotencia política. El problema del inmovilismo constitucional es que se enfrenta a un reto inaplazable: el conflicto territorial con Catalunya.
Sin embargo, afrontar con garantías de éxito ese envite exige una altura de miras y una audacia política poco común. De la magnitud de las dificultades que plantea cualquier salida al conflicto catalán da fe el antagonismo de posiciones entre la propia Catalunya y el resto de España. En España, por ejemplo (y siempre según el CIS), casi un 30% de los ciudadanos se inclina por recortar o incluso suprimir la autonomía territorial, y el 40% prefiere dejar las cosas como están, frente a poco más del 20% que apuesta por otorgar mayor autonomía (o incluso la independencia) a aquellos territorios que lo deseen. En Catalunya, por el contrario, sólo un 10% respalda un recorte del autogobierno y otro 17% prefiere quedarse como hasta ahora, frente a un 26% que aspira a más autonomía y a otro 41% que opta directamente por la independencia. Una compleja realidad que exige una delicada terapia colectiva.