¿Todos somos Estado?

Según la vicepresidenta del Gobierno español, “todos somos Estado”. Aunque unos se lo crean más que otros y la mayor o menor creencia tenga consecuencias. El lehendakari Urkullu juró el cargo la semana pasada “como representante ordinario del Estado en su territorio” y prometiendo “lealtad a la Corona y respeto a la Constitución”. Por el contrario, el president Puigdemont limitó su promesa a la “fidelidad a la voluntad del pueblo de Catalunya representado por el Parlament” y en ese Parlament se trabaja por una república catalana. A partir de ahí las demandas de lealtad institucional van por barrios. Soraya Sáenz de Santamaría recomienda a la Generalitat que no se sitúe fuera de la ley si aspira a reducir la judicialización de sus relaciones políticas, mientras el PNV exige al Gobierno central que simplemente retire recursos de inconstitucionalidad contra decisiones de la administración vasca para avanzar en la negociación de los presupuestos. Ese es el terreno de juego y Santamaría la jefa de pista.

La vicepresidenta no incurriría nunca en el error de la socialista Verónica Pérez autoproclamándose la autoridad, sobre todo porque la tiene –Rajoy ha puesto en sus manos la responsabilidad de dar respuesta a las preguntas que él mismo elude–, y porque parte de su discurso se basa en que no tiene más remedio que cumplir la ley.

De momento, la oferta pública es la manifestación de una voluntad de diálogo con Catalunya dentro de la Constitución, la actualización de una retahíla de comisiones institucionales –todas ellas multilaterales (presidentes, consejeros…)–, y el enlace protocolario del delegado Millo. La bilateralidad que tanto ansía el presidente de la Generalitat se limita no a la negociación constructiva, sino a la resolución de conflictos en la comisión mixta. No hay concreciones, pero es suficiente para incomodar al gobierno catalán que no puede bajarse del carro del referéndum. No obstante, el vicepresidente Junqueras se viste de interlocutor de la moderación con su presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras Carles Puigdemont se niega a participar en la Conferencia de Presidentes con un partido dedicado a gestionar su propio desconcierto.

Otro marco es el parlamentario. El PDECat hará que el Congreso vote la creación de una comisión sobre la cuestión catalana. Aprobarla supondría el reconocimiento explícito del problema, no del modelo de Estado, sino del encaje específico de Catalunya. No habría motivos para rechazar la propuesta porque el desafío que plantea el independentismo catalán es inédito en ese Estado que, en teoría, somos todos y hasta Rajoy confiesa que “hay que hacer algo”. Pero el PP ya ha sido arrastrado hacia la reforma constitucional y la respuesta a Catalunya no pasa por asimetrías, así que la llave vuelve a estar en manos del PSOE. Los socialistas, que planteaban hace un mes una subcomisión sobre el modelo territorial, no digieren bien la singularidad catalana y prefieren sacar tajada partidista de la presión sobre el Gobierno que da aire al bipartidismo.

De hecho, la propuesta neoconvergente tampoco sumaba unanimidades en el partido de Francesc Homs, pero han optado por hacer de la necesidad virtud. Y es que mientras la CUP se hace ahora la estrecha con el Govern y ERC navega serena, el PDECat batalla por no ahogarse entre un Estado y otro.

Una oferta de diálogo sin concreción es suficiente para incomodar al Govern