355.000 dependientes aún esperan
Consenso político para reforzar la ley de Dependencia y dotarla de recursos
Hace diez años, un sonoro aplauso en el Congreso de los Diputados daba la bienvenida a una nueva ley, la de Dependencia, una norma que como la mayoría de los portavoces parlamentarios reiteraron por activa y pasiva (y como tal quedó grabado en la imaginería popular) garantizaba el derecho a la asistencia de las personas que precisaban de algún tipo de ayuda para los quehaceres diarios. Así nacía lo que la mayoría calificó como el “cuarto pilar del Estado de bienestar”, tras la educación, la sanidad y las pensiones, una extensión de los derechos de los ciudadanos en un país envejecido y donde las mujeres habían dejado el histórico papel de cuidadoras para incorporarse al mundo laboral (ya lo había hecho años atrás, pero las leyes van por detrás de la sociedad).
Diez años después, las luces y, sobre todo, muchas sombras se ciernen sobre esta norma que nació sin una memoria económica que la sostuviera en la extensión de ese derecho. Craso error porque poco después llegó la gran crisis con sus conocidos recortes que obligaron a parar la aplicación de ese derecho a miles de personas en situación de dependencia y limitando los servicios.
El resultado es que una década después de aquellos aplausos, 355.596 ciudadanos con problemas para valerse por sí mismos en su día a día, pese a que la administración les ha reconocido el derecho a ser asistidos, están aún esperando ese servicio, según los datos del Imserso (octubre, 2016). Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se pone el acento en los beneficiarios que sí están recibiendo la asistencia comprometida, más de 850.000 personas (“la prestación más elevada desde la entrada en vigor de la ley”, alegan con orgullo), mientras aseguran que las listas de espera se están reduciendo en los últimos meses.
Además, insisten, en que las cifras de esa lista son en cierta manera engañosas, porque “no puede ser el mismo para grados de dependencia efectivos y consolidados (2y 3, moderados y graves), que para el grado que se ha incorporado al sistema el 1 de julio del 2015 (los menos afectados). Esta argumentación la hizo suya ayer la ministra Dolors Montserrat en la comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Pero aún siguiendo esta argumentación, 123.136 personas con una dependencia más grave aún están a la espera de ser atendidos.
Pero esta reducción tiene una explicación para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, entidad que lleva años siguiendo y denunciando escrupulosamente los incumplimientos de la norma: “En los últimos cinco años, con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios superó las 125.000. Estas personas, es evidente, no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de recibir atenciones.
Más de 22.500 catalanes fallecieron entre los años 2011 y 2015 esperando las ayudas que establece la ley. Los datos se recogen en una respuesta parlamentaria de la consellera Dolors Bassa del pasado mes de abril, donde especifica que 10.000 personas murieron sin haber recibido ayudas pese a tener el grado de dependencia reconocido, mientras que 12.500 estaban a la espera de que los servicios sociales estableciesen en cada caso el Programa Individual de Atención (PIA). Oficialmente, el Govern establece un plazo de tres meses entre la resolución de la petición de ayuda y la determinación del grado, y la elaboración del PIA, lo que no quiere decir que se cumpla.
Y en medio de todas estas cifras que esconden el drama de miles y miles de personas y sus familias, el rifirrafe político y económico. Las comunidades (casi todas) se quejan amargamente de soportar casi en exclusiva el sistema de dependencia. Las autonomías denuncian una reducción más que destacada de la parte comprometida por el Estado, mientras que el Gobierno asegura que ha transferido a éstas lo que le corresponde pero a través de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. La ley de Dependencia establece que cada administración debe aportar el 50%; pero la realidad es que las comunidades ponen una media del 80%, y el Esta-
Casi 125.000 ciudadanos con alta necesidad de atención siguen sin recibir los servicios establecidos