Sturgeon propone una ‘tercera vía’ para Escocia después del Brexit
El objetivo es permanecer en el mercado único aunque el Reino Unido se vaya
“¿Está usted amenazándome con un nuevo referéndum de independencia?”, podría preguntar la primera ministra británica, Theresa May. “En absoluto –le respondería su homónima escocesa, Nicola Sturgeon–. Tómelo sólo como un aviso cordial de lo que puede ocurrir si las cosas se tuercen y me veo obligada a defender los intereses de mi país, como es mi obligación”.
Ya se considere una advertencia, una recomendación, una sugerencia, un pronóstico o como se le quiera llamar, lo cierto es que Sturgeon y el Gobierno nacionalista de Edimburgo han presentado su lista de deseos a los Reyes Magos: primero, que el conjunto del Reino Unido permanezca en el mercado único; segundo, que aunque Gran Bretaña se vaya, Escocia siga, y tercero, que si no se produce ninguna de esas hipótesis, tenga lugar una nueva consulta soberanista en una fecha por acordar.
Aunque la independencia es la razón de ser del SNP, partido que gobierna en Escocia, la convocatoria de otro referéndum sería un arma de doble filo, con el grave riesgo de que, en el caso de perderlo, el tema quede aparcado durante varias generaciones como ha ocurrido en Quebec. Perder un asalto deja las puertas abiertas. Perder un segundo significa dar un portazo.
Y aunque los soberanistas perdieron la votación del 2014 por sólo un 53,3% frente a un 47,7%, el Brexit no se ha traducido en el empujón que esperaban, a pesar de que seis de cada diez escoceses votaron por la permanencia en la Unión Europea. Ello se debe a la incertidumbre económica derivada de la caída sustancial de los precios del petróleo (principal riqueza del país) en los dos últimos años, al hecho de que Gran Bretaña es su principal socio comercial, a la ausencia de una moneda propia que obligaría probablemente a adoptar el euro, y al miedo a que Berlín y Bruselas impusieran a Edimburgo un severísimo plan de austeridad a la griega, en contraste con las subvenciones que reciben de Westminster. Todo ello junto sería una bomba.
En un documento titulado El lugar de Escocia en Europa, que presentó ayer en el Parlamento de Holyrood, Sturgeon se refirió al referéndum de independencia como “último recurso”. La primera ministra argumentó que si bien Londres tiene un mandato del electorado para abandonar la UE, no lo tiene para dejar el mercado único mediante un Brexit duro, y muy bien podría llegar a una fórmula como la noruega o la suiza, y seguir en el Espacio Económico Europeo(EEE). Y que incluso si no es así, podría permitir que Escocia lo hiciera.
Downing Street le ha respondido que “va a estudiar muy seriamente las propuestas”, pero el ministro de Economía, Philip Hammond, ha indicado de entrada que no ve “ni factible ni realista” el escenario de una solución diferente para Escocia, y que “el objetivo debe ser una forma de Brexit que beneficie a todo el conjunto del país, sin margen a las excepciones”.
“Se trata de un problema que nosotros no hemos buscado –dijo Sturgeon tras la presentación de su hoja de ruta, en un encuentro con un grupo de periodistas–, y con el que nos encontramos en contra de nuestra voluntad. Ello requiere una postura flexible y dialogante por parte de Londres, y que no ponga obstáculos a la permanencia de Escocia en el mercado único. Un Brexit duro, se mire como se mire, no es económicamente justificable, y la inmensa mayoría de expertos coinciden en que francamente no tiene ni pies ni cabeza”.
Si los ingleses optan finalmente por dar prioridad al control de las fronteras sobre las consideraciones comerciales, Escocia pediría la ampliación de sus competencias económicas al terreno de la inmigración, el empleo, las condiciones de trabajo y la justicia social. “La salida del mercado único –comentó Sturgeon– se traduciría en la pérdida de por lo menos 80.000 puestos de trabajo en Escocia, y de cientos de miles en el conjunto del Reino Unido, un precio demasiado alto para el capricho de los euroescépticos”. Edimburgo no amenaza, sólo “informa” de manera amistosa.
Edimburgo reclama la ampliación de sus competencias económicas al empleo y la inmigración