Veinte detenidos por alquilar viviendas fantasma a un centenar de personas

Utilizaban conocidos portales y páginas web para anunciar, con todo tipo de detalles, pisos y apartamentos de alquiler, principalmente en la costa de Tarragona. Publicaban un teléfono y una vez llamaban los clientes, les facilitaban una cuenta bancaria donde tenían que ingresar el dinero de la reserva. Luego, todo desaparecía. El teléfono dejaba de ser operativo y el piso no existía. Todo era una estafa con la que la organización criminal, ahora desmantelada por la Policía Nacional , llegó a ingresar más de 56.000 euros.

La investigación policial arrancó hace quince meses a raíz de una primera denuncia que presentó una familia de Gandía. Algunos de los estafados llegaron a desplazarse más de 500 kilómetros para ocupar el apartamento que habían reservado para sus vacaciones y al llegar el piso no existía o estaba ocupado por sus legítimos propietarios, totalmente ajenos a la trama criminal.

Los agentes de la UDEF de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Tarragona ha aportado pruebas concluyentes de, al menos, 94 delitos de estafa. La trama, que operaba principalmente desde El Vendrell, estaba formada por una veintena de personas que han sido detenidas. “La organización estaba perfectamente jerarquizada y estructurada en sus diferentes cometidos y funciones”, informa la policía. El responsable era una ciudadano rumano que vivía en la capital del Baix Penedès. Era él quien insertaba las falsas publicaciones en internet.

El segundo eslabón, los conseguidores en argot policial, eran ciudadanos de origen marroquí cuya misión era captar a las personas que atendían a las víctimas, y, además, eran los receptores de las transferencias bancarias. El tercer nivel en la organización –las mulas– lo formaban personas de nacionalidad española, de escasos recursos económicos, quienes a cambio de una comisión abrían cuentas bancarias a su nombre y transferían el dinero ingresado por las víctimas a la organización o bien lo entregaban en mano al jefe tras retirarlo en cajeros automáticos.

Las investigación se desarrolló en varias fases a lo largo de los últimos quince meses y el dinero estafado asciende a 56.400 euros. Además, durante este tiempo, la policía ha bloqueado los anuncios publicitados en distintas páginas de internet, asociados a los teléfonos y direcciones de correo electrónico de contactos, y también un total de 26 cuentas corrientes con un saldo de 10.258 euros.