La huella del delito

Una niña aprovechó que su madre dormía para acercar su dedo al móvil, activarlo, y comprar con él juguetes.

La condena impuesta por el asesinato de Isabel Carrasco a la agente de la policía municipal de León Raquel Gago ha sido objeto de cierta controversia no ya por sus protestas de inocencia, sino por los hechos probados descritos en la sentencia. La acusada ha ingresado ahora en prisión, al confirmar el Supremo en sus puntos esenciales la resolución dictada por la Audiencia leonesa. De hecho, la Sala Penal ha elevado en dos años la primera condena, que ha pasado de los 12 que le fueron impuestos en primera instancia, a 14 años. Este incremento se debe a que el Supremo le impone una nueva pena por tenencia ilícita de armas. Pero la sentencia también razona por qué considera que Raquel Gago no sólo fue encubridora del asesinato de la presidencia de la Diputación de León, sino que se implicó plenamente en el hecho, en el que participó como cómplice.

El Supremo explica que la agente de la policía local leonesa no sólo conoció los preparativos del crimen, sino que tomó parte en ellos. En este sentido, la resolución expone que “la intervención en la organización” de un asesinato “puede configurar una responsabilidad penal”, aunque no se actúe en la ejecución del crimen. Y el Supremo añade que “un acto posterior a la consumación realizada por una persona que ha intervenido en la organización no es encubrimiento sino participación”.

Sostiene la Sala Penal que Raquel Gago conoció los planes de las condenadas por el delito de asesinato, Montserrat González y su hija Triana Martínez –a las que correspondieron penas de 20 y 22 años, respectivamente–, y que no sólo no impidió ni trató de evitarlos, “sino que realiza una acción dirigida a concretar los detalles” según lo acordado. Por ello recibió de Triana el revólver homicida y lo ocultó hasta que más de 24 horas más tarde lo entregó diciendo que lo había hallado casualmente en su coche.