La expresidenta Fernández, procesada por corrupción
El juez embarga a la líder kirchnerista y la acusa de pagar sobreprecios en la obra pública
Segundo procesamiento para Cristina Fernández, pero el primero por corrupción. El juez federal Julián Ercolini acusó ayer formalmente a la expresidenta argentina de asociación ilícita y administración fraudulenta en el marco de la causa que investiga los sobreprecios en la concesión de obra pública durante su gobierno (2007-2015). El magistrado decretó también el embargo de sus bienes por 10.000 millones de pesos (615 millones de euros).
El procesamiento alcanza a Fernández como máxima responsable del ejecutivo, pero también a los altos funcionarios del extinto ministerio de Planificación Federal, de quien dependían las obras públicas durante el kirchnerismo y cuyo titular, Julio De Vido, formaba parte del círculo de confianza patagónico del matrimonio Kirchner.
Ercolini también procesó al secretario de Estado de Obras Públicas, José López, encarcelado desde junio cuando la policía lo pilló arrojando bolsos con varios millones de dólares por encima de la tapia de un convento bonaerense. También está en la cárcel, desde abril, otro de los procesados ayer en esta causa, el constructor Lázaro Báez, de quien se sospecha que es el testaferro de la familia Kirchner. Báez, un humilde empleado bancario hasta que su amigo Néstor Kirchner llegó a gobernador de Santa Cruz, recibió la gran mayoría de las concesiones en esa provincia patagónica desde que el kirchnerismo entró en la Casa Rosada en el 2003. Hoy Báez posee decenas de propiedades embargadas que se sospecha compró con los sobreprecios que recibió.
Desde que dejó el poder hace un año, Fernández, ha visitado varias veces los juzgados para declarar como imputada en varias de las causas que tiene abiertas por corrupción. No obstante, el primer procesamiento de la exmandataria, que ya está pendiente de juicio oral, fue dictado por el juez Claudio Bonadío en una causa que Fernández considera “política”, pues está acusada de fraude a la administración pública por avalar la decisión del Banco Central de vender dólares a futuro sabiendo que el Estado perdería dinero con la operación a causa del férreo control cambiario impuesto durante su gobierno.