Niños borrachos, ¿multas a los padres?
500 menores conmutan en Barcelona sanción por terapia
Fin de Año. Permiso hasta las seis o las siete. Muchos saldrán después del rollo ese de las campanadas en casa con la copita de cava y las uvas. Recién maquilladas, recién peinados, la calle espera. Unos llevarán alcohol del ultramarinos que abre a cualquier hora y cualquier festivo. Otros más previsores habrán pasado por el súper. O pillan de casa, que estos días, con tanto lío de celebraciones, los adultos ni se enteran de lo que se han bebido. No lo echarán de menos. Todo listo para beber. En ninguna parte les han pedido el carnet.
La promesa de una ley que regule esa actividad claramente tóxica y dañina a corto y largo plazo para las personas en desarrollo lleva una quincena de años entrando y saliendo del cajón. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, garantizó hace un mes que esta vez iba en serio y ayer recordó en una entrevista que quizá no esté mal pensar en sancionar a los padres de los menores que se emborrachan reiteradamente.
Muchos jóvenes han comprobado en su ciudad el precio de beber en la calle: en Barcelona cuesta 300 euros. “Pero desde hace seis años se llegó a un acuerdo con Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana para ofrecer conmutar la sanción con sesiones de terapia motivacional: dos para los padres, cuatro para los menores. Cada año atendemos a unos 500, prácticamente el 65% de los multados responde. Creemos que funciona. Reincide el 15%”, resume Teresa Brugal, responsable del servicio de adicciones de la Agència de Salut Pública de Barcelona. “Estamos evaluando los resultados para afrontar el siguiente paso en el nuevo plan de drogas del año que viene, donde tendremos que dedicar un esfuerzo muy superior a los reincidentes, pero ese trasciende el ámbito sanitario”.
La coerción con posibilidad de cambiar el pago por sesiones de terapia se ejerce con cierto éxito en ciudades como Barcelona, Mataró –que inspiró el modelo– o Vitoria, “pero necesitamos un contexto legislativo fuerte para que la educación pueda funcionar”, advierte Rodrigo Córdoba, coordinador de educación sanitaria en la sociedad española de médicos de familia Semfyc. “Que vender alcohol a menores, beber en la calle o hacer publicidad no tenga ninguna consecuencia convierte todo esto en normal. Esta vez será el tercer intento de sacar una normativa, porque la autorregulación de las empresas que fabrican bebidas alcohólicas ya hemos visto que no funciona. En estos últimos 15 años de autorregulación y proyectos legislativos en el cajón el consumo de alcohol no ha dejado de crecer entre los menores. Vamos a peor”, explica Córdoba.
Porque esa falta de legislación clara y contundente permite eventos con barra libre, convocatorias de dos por uno “o que per-
vivan costumbres aberrantes como celebrar una primera comunión con una copa de cava con los niños”, dice Rodrigo Córdoba. “El mensaje es equivocado y torpe. Urge un debate en toda la sociedad. Y un marco legal. Es factible cambiar las cosas, como ocurrió con los accidentes de tráfico, que en diez años se pasó de 4.000 a poco más de mil. O con el tabaco”.
La Semfyc se ha movilizado para extender un sencillo test de consumo del alcohol (ver cuadro) y fomentar así la percepción de riesgo. Se trata de concienciar a la profesión de que es un tema que se ha de plantear en la consulta, porque esa baja percepción de riesgo es general. Con el minitest uno puede tener una idea de si consume demasiado o no (un 30% de la población no consume nada). “Los menores no nos vienen a nosotros, sino a urgencias, con intoxicación aguda y sus miles de neuronas muertas. Si repite una vez al mes es probable que le veamos a los 40 años con secuelas cerebrales, quizá porque se vea incapaz de montar una estantería o interpretar un mapa. Eso si no se ha convertido en un adicto”.
El objetivo inmediato es retrasar como sea la edad de inicio: “si se empieza a beber a los 14 años se tiene un 50% de posibilidades de tener problemas de salud debidos al alcohol a lo largo de la vida. En cambio, si se empieza a los 21 años, un 10%”.
Desde la Agència de Salut Pública de Barcelona se insiste en que lo fundamental es que no sea tan fácil emborracharse. Y conseguirlo pasa, opinan los epidemiólogos, por ser efectivos contra la venta ilícita a menores, desde la gasolinera al colmado que abre de noche. “Tiene que haber un compromiso de la sociedad, conseguir que la respuesta estándar sea pedir el carnet”, apunta Teresa Brugal. La multa a los padres o a los propios menores creen que tiene una eficacia relativa. Conmutarla por las sesiones, en cambio “empuja a los padres a implicarse y ser más conscientes del problema y a los menores, la mayoría de los que tratamos están entre los 16 y los 18 años, les permite evaluar lo que les pasa, los pros y contras, y tener argumentos para no dejarse llevar si no quieren”.
El 32% de los menores que cursan secundaria reconocen haber consumido alcohol en forma de atracón.
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